Los promotores de Iguales en Derechos dirigirán su solicitud al Ministerio de Justicia, fiscal general del Estado, Defensor del Pueblo y asociaciones de abogados, jueces y fiscaes, según anunció el coordinador de la campaña, Oscar López, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).

La iniciativa, a la espera de confirmar la participación de otras organizaciones, agrupa a asociaciones pro derechos humanos, asociaciones gitanas, de inmigrantes, asistenciales y sociales de las comunidades autónomas de Andalucía, Valencia, Cataluña y Madrid.

Iguales en Derechos "pretende denunciar las causas económicas, sociales, políticas y de todo tipo que dan lugar alracismo y la xenofobia, presionando ante el Estado, los partidos políticos y la propia sociedad para desarrollar otro tipo de cultura más justa y solidaria, así como medidas e iniciativas para la protección y promoción de las minorías étnicas, tanto nacionales como foráneas", afirmó López.

En cuanto al proceso extraordinario de regularización de trabajadores extranjeros, que acaba el próximo 10 de diciembre, José Manuel Herrera, de Cáritas Española, estimó que entre 50.000 y 70.000 extranjeros en situción ilegal podrían quedarse fuera por causas ajenas a su voluntad, incluyendo en estas cifras los familiares de los empleados.

Por su parte, el representante de la Unión Romaní, Chimo Bustamante, criticó las circulares presuntamente enviadas por el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a los comisarios, lo que calificó de "inconstitucional".

Bustamante aseguró que cuando algunos jefes policiales le contestaron a Vera que en la filiación de los detenidos por delitos de narcotráficosólo figura en la ficha la nacionalidad, el secretario de Estado dijo que podían distinguir quiénes eran gitanos por "el aspecto físico y los apellidos", siempre según el portavoz de Unión Romaní.

Por lo que respecta al aspecto o la apariencia de los detenidos, Bustamante señaló que "puede haber 5 ó 6 millones de españoles con aspecto agitanado, mientras que algunos gitanos parecemos no serlo, como yo".

Y, en cuanto a los apellidos, citó los de varios ministros o políticos, como Matilde Fernández el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, el ex Defensor del Pueblo, Ruiz-Giménez Cortés, el presidente del Gobierno, Felipe González, o de su esposa, la diputada Carmen Romero, todos ellos con apellidos como los que llevan "muchísimos gitanos".

Sin embargo, inmediatamente nada más aparecer en los medios de comunicación las informaciones que atribuían a Rafael Vera las órdenes de recabar cuántos gitanos habían sido detenidos por tráfico de drogas, la Secretaría de Estado para la Seguridad desminió rotundamente tales hechos.

En la presentación de Iguales en Derechos, la representante del grupo de coordinación de la campaña en Andalucía, Carmen Llanes, denunció el temor existente en los núcleos de chabolismo de Sevilla "de ser desalojados porque no favorecen el espectáculo del 92", así como de los recortes en gastos sociales que la celebración de la Expo ha ocasionado en los presupuestos del ayuntamiento hispalense y que, en su opinión, pueden repetirse en 1993 y años sucesivos.

"Las granes obras no pasan por los cinturones de pobreza y, si lo hacen, es para el desalojo", manifestó Llanes. La representante andaluza se refirió también a los numerosos magrebíes y africanos de raza negra, "sobre todo sudaneses", que ven en las costas andaluzas "un punto de mira" adonde quieren llegar.

Llanes criticó las discriminaciones que sufren los temporeros andaluces cuando se desplazan al norte de la península, o a la vendimia francesa, a trabajar.

Por último, el portavoz de la Asociación de Eigrantes Marroquíes de España (AEME), Tarik Taki, explicó que muchos de sus compatriotas permanecen sin Seguridad Social aún después de haber regularizado su situación, principalmente porque los patronos se desentienden, y se preguntó qué sucederá después del 10 de diciembre, si habrá expulsiones masivas de trabajadores extranjeros y, en ese caso, si ellos promoverían movilizaciones o protestas.

Iguales en Derechos constará de dos ejes fundamentales, uno en el ámbito institucional y otro en el social.Como primeras acciones, los promotores de la campaña se dirigirán a los grupos parlamentarios y ministerios para darles a conocer sus propuestas en los campos de la educación, cultura, asuntos sociales, justicia, interior, trabajo y vivienda.

Además, las organizaciones denunciarán y actuarán jurídica y políticamente contra todos aquellos hechos de marginación o rechazo hacia personas o grupos por su origen étnico y promoverán campañas de difusión de los valores sociales y culturales más positivos de ls minorías.