Dicha supresión se produjo en 1993, pero las empresas refineras españolas venían preparádose para la medida mediante contratos con las estaciones de servicio que les aseguraban la distribución en exclusiva de sus productos durante 10 años, a partir de dicha supresión del monopolio, según informaron a Servimedia fuentes del sector.

Estos contratos, que según Bruselas fueron usados por Repsol, Cepsa y BP Oil España, fueron denunciados por el resto de empresas y las propias estaciones de servicio afectadas, ya que se "ataron" con ellos para poder acceder a suministros de otras operadoras co precios más bajos hasta más allá del año 2.000, mucho después de la liberalización del sector realizada por el Gobierno en 1993.

Para el comisario europeo de la Competencia, Karel van Miert, estos contratos lesionaban las condiciones de libre concurrencia en el mercado petrolero español, en contra de las disposiciones de la Comisión, por lo que se abrió un expediente que finalmente no ha acabado en sanciones.

MARCHA ATRAS

El motivo de la "marcha atrás" de Bruselas es que las propias petrolerashan decidido revocar esos contratos, a petición de la Comisión Europea, y modificar las condiciones que habían pactado con los gasolineros.

De esta forma, Bruselas ha evitado la pervivencia de un sistema de monopolio más allá del año 1996, para el que está prevista la plena liberalización, ya que miles de gasolineras de toda España no habrían podido pactar nuevos precios y suministros con cualquier petrolera que opere en el país, por estar sujetas a contratos por diez años con las tres compañías citads.

Aunque la investigación realizada por Bruselas no ha desvelado el número de estaciones de servicio que podían estar afectadas por estos contratos, las fuentes consultadas por Servimedia señalan que la celeridad con la que han actuado las autoridades comunitarias induce a pensar que el volumen de contratos suponía una seria amenaza contra la libre competencia del sector en España.

De hecho, las más de 3.700 estaciones de servicio que había en el país en 1993, cuando empezaron materializarse loscontratos, según datos de la Comisión, han crecido hasta cerca de las 6.000, por lo que unos 2.000 puntos de venta por todo el país podían estar afectadas por dichos "acuerdos" con Repsol, Cepsa o BP, respectivamente.