Para esta asociación, la medida podría vulnerar el artículo 38 de la Carta Magna, que reconoce la libertad de empresas en el marco de la economía de mercado.

Asimismo, considera que si se prohiben determinadas razas, sus propietarios y las sociedades legalizadas que se dedican a la cría y adiestramiento de estos perros deberían sr, en cualquier caso, indemnizadas.

La asociación ha reclamado al Gobierno que inicie un debate con los sectores afectados para determinar qué medidas son las más eficaces para erradicar los ataques a personas perpetrados por determinadas razas caninas.

A su juicio, "no existen perros peligrosos, sino posibles propietarios que enseñan, educan y entrenan mal a sus canes, poniendo en peligro la convivencia pacífica entre los seres humanos y la especie canina".