Así lo aseguró Juan Miguel Monje Pérez, médico forense de la Audiencia Nacional, durante su declaración como perito en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está celebrando por el error en las identificaciones de 30 de las 62 víctimas del accidente del Yak-42, que tuvo lugar en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Monje Pérez, que fue la persona responsable de volver a identificar los cuerpos al conocerse los errores cometidos por los militares, dijo ante el tribunal que en algunos féretros se encontraron "partes de tres cuerpos humanos distintos a los del cuerpo principal".

De esta forma, dentro de un mismo ataúd, los forenses designados para llevar a cabo las exhumaciones y comprobaciones,encontraron, por ejemplo, una bolsa que contenía una tibia con una bota del número 45 con unos restos principales de un cadáver que calzaba el número 43. Monjé Pérez reveló que en algunos féretros se llegó incluso a encontrar "siete perfiles genéticos distintos".

Por su parte, el perito Antonio Alonso, que compareció por medio de videoconferencia junto con otros diez compañeros Instituto Nacional de Toxicología y Ciencas Forenses, aseguró que los perfiles genéticos que las autoridades turcas obtuvieron de todas las víctimas el día después del accidente eran correctas.

Estas muestras genéticas obtenidas por los peritos turcos, y que la delegación española enviada a Turquía para identificar los cuerpos, y en la que participaron los tres acusados, no quiso utilizar, "son plenamente coincidentes" con las muestras obtenidas por los forenses de la Audiencia Nacional tras exhumar los cuerpos, según explicó Alonso.

Con las labores de identificación llevadas a cabo por la Audiencia Nacional, y que no finalizaron hasta febrero de 2005, es decir, hasta casi dos años después del accidente, se obtuvo la certeza de los errores en la identificación de 21 cadáveres. Los otros nueve cadáveres que fueron erróneamente identificados no pudieron someterse a pruebas de ADN ya que sus restos habían sido incinerados.

En el juicio, el fiscal encargado del caso, Fernando Burgos, pide cinco años de prisión para Navarro y cuatro años y medio para el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez al acusarles de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Todos ellos están acusados de este delito por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron una filiación que no era la suya a 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo.