En su comparecencia, que según fuentes judiciales consultadas no tendrá réplica en la jornada de mañana como estaba previsto, defendieron además la corrección del folleto entregado a los inversores en el marco de la ampliación de capital de 2016 y subrayaron nuevamente que la resolución del banco, y posterior venta del mismo al Banco Santander por 1 euro, fue debido a un problema de liquidez y no de solvencia.

Ante las preguntas de los letrados, los peritos judiciales admitieron la falta de consistencia en la aplicación de la normativa contable con efectos retroactivos, uno de los puntos que está generando mayor conflicto en este último tramo de la fase de instrucción liderada por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Estos señalaron que el resultado de la inspección debe contabilizarse en el año en que se reciben las conclusiones ya que aplicarlo con efectos retroactivos desestabilizaría el sistema financiero.

En lo que respecta a la imagen fiel del banco reflejada en el folleto presentado a los accionistas en el marco de la ampliación de capital de 2016, Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández argumentaron que el folleto presentado era “correcto” y reflejaba fielmente la realidad del Banco Popular.

En esta línea también se pronunciaba otra pericial en poder del juez instructor, la firmada por el prestigioso Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España, Rubén Manso, quien sostiene que el folleto de la ampliación de mayo de 2016 entregado a los inversores “sí permitía concluir que el destino de la ampliación era el incremento de las coberturas contables de los activos del Banco en un importe de hasta 4.700 millones de euros, lo cual iba a ocasionar pérdidas en aproximadamente 2.000 millones de euros”.

Los peritos del Banco de España volvieron a resaltar lo expuesto en el primer informe que remarcaba que la resolución del banco se debió a problemas de liquidez y no de solvencia. Dicho informe señalaba que el consejo de administración liderado por Ángel Ron, había dejado medidas para reforzar la solvencia y liquidez del banco, que eran perfectamente ejecutables y que hubiesen evitado la resolución del Popular, algo que no sucedió bajo el mandato de su sucesor, Emilio Saracho.

LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES

En lo que respecta a las presuntas operaciones de financiación de accionistas a través de Thesan Capital, un fondo de inversión luxemburgués que gestionaba operaciones en dificultad, los peritos afirmaron que en 2014 se cambió la calificación de operaciones dudosas a normales lo cual propició un desajuste de 500 millones de euros.

A este respecto, los directivos que declararon hasta la fecha en fase de instrucción insisten en “la perfecta legalidad de las operaciones, la transparencia y conocimiento que tenían los supervisores y los auditores sobre la materia” y han añadido que “no hubo liberación alguna de provisiones”.

Según la estructura organizativa del Banco, este tipo de operaciones eran supervisadas por el Comité de Compras y Daciones, dependiente del Comité de Dirección liderado por el Consejero Delegado, y ajeno, por tanto, a la Presidencia y al Consejo de Administración.