"Un contrato de integración no tiene más fuerza que el propio Código Penal", respondió Peris a los populares. "Nuestra legislación, nuestro Código Penal, nuestro ordenamiento jurídico ya contempla qué tipo de acciones están prohibidas y en nuestro país la ablación está prohibida", recalcó.

En este sentido, insistió en que la mejor garantía para que se respeten los derechos de las mujeres "se llama democracia y Estado de derecho". "Lo demás a las mujeres no nos interesa, ni a las nacionales ni a las extranjeras", sentenció.

Además, explicó que en España no sólo está prohibida esa práctica sino que incluso ha habido sentencias de algún juzgado de Barcelona que ha impedido a una familia llevarse a su país de origen a una niña por temor a que pudieran practicarle la ablación.

En su opinión, las diversas manisfestaciones de miembros del PP defendiendo la necesidad de este contrato de integración responden a la "dificultad" que tienen para justificar esta propuesta. "Yo lo que creo es que tienen muy difícil explicar la verdadera filosofía que hay detrás de su contrato de integración", comentó.

Frente a esta propuesta, la responsable del Instituto de la Mujer señaló que lo que las mujeres necesitan es que los derechos y las libertades se reconozcan a través de las leyes. "Cuando se vuelve hablar de costumbres o de cultura las mujeres nos echamos a temblar porque lo peor que nos puede pasar es no contar con el estado de derecho", advirtió.

"Por lo tanto, a las que vengan de fuera, aquí lo que les tenemos que enseñar es el ordenamiento jurídico y diseñar acciones para que la integración sea una realidad", concluyó.