El Ejecutivo reanudará mañana las negociaciones sobre las pensiones con sindicats y empresarios después del descanso de las vacaciones veraniegas. También mañana se reunirán las mesas del Plan de Empleo Rural (PER) y de Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que esta tarde lo hará la de formación profesional.

En su documento conjunto, según Díaz Chavero, UGT y CCOO rechazan algunas de las medidas propuestas por el Gobierno, como relacionar la cuantía de la prestación por invalidez con los años cotizados y, sobre todo, el aumento de la penalización por cada año que se jubile eltrabajador anticipadamente.

"Nosotros creemos que algunas medidas que propone el Gobierno no contribuyen a desarrollar el 'Pacto de Toledo' de la manera que nosotros deseamos, porque significarían un recorte de las prestaciones", aseguró el responsable ugetista.

Díaz Chavero indicó que el asunto en el que más incidirán los sindicatos es en la necesidad de resolver el problema de las jubilaciones anticipadas de carácter forzoso, es decir, el de aquellos trabajadores de más de 50 años que son expulados del mercado laboral.

El responsable de Relaciones Institucionales de UGT denunció que la legislación actual en esta materia está llevando a que la inmensa mayoría de estos trabajadores estén cobrando una pensión mínima, independientemente de lo que hayan contribuido, "y es un tema que tenemos que resolver", destacó.

Según Díaz Chavero, los sindicatos "aceptaríamos un reequilibrio del gasto, de manera que se resolvieran las situaciones más sangrantes para el sistema, como es ésta, la de los tabajadores expulsados del mercado de trabajo con más de 50 años".

No obstante, aclaró que esto no significa que se quiten fondos de otro lado para corregir esta situación. "No es tanto quitar como no aumentar el gasto. El ahorro que supondría no seguir incrementando el gasto en pensiones podíamos derivarlo a resolver esta cuestión", apuntó Díaz Chavero, quien dejó claro que "en ningún caso vamos a aceptar recortes del gasto en pensiones en nuestro país".

Sobre la propuesta del Ejecutivo de aumentr de 8 a 15 los años cotizados para calcular la cuantía de la pensión, los sindicatos consideran que es una medida que afecta positivamente a algunos trabajadores y negativamente a otros, por lo que "hay que valorar con detenimiento su impacto", señaló Díaz Chavero.

Insistió en que, "en cualquier caso, esta medida debería ir acompañada de un reconocimiento de la contributividad a aquellos trabajadores que se jubilan forzosamente de manera anticipada a los 60 años y que les quitan el 40% de la pensión"