Ana Vicente Merino afirmó ue "hay que tomar medidas para que el incremento de las pensiones no sea tan desorbitado como en los últimos años", aunque matizó que esta fuerte subida se debe, en parte, a que se partía de unos niveles de protección muy bajos.

La representante de la Seguridad Social, que participó en el curso de verano "Temas actuales de la economía española" organizado por la Fundación FIES, la Universidad Menéndez Pelayo y la Fundación Caixa Galicia, explicó que en el crecimiento de las pensiones han influido tambén factores como la anticipación de la edad de jubilación y la concesión creciente de pensiones de invalidez.

Ambas prestaciones se están usando, según dijo, como instrumentos de la política económica y de reconversión industrial, con el resultado de que los pensionistas acceden a estas retribuciones a una edad media de 62,5 años en el caso de los jubilados y de 52,5 años en el de los inválidos.

Vicente Merino señaló además que habría que luchar contra el fraude que a veces se da en las pensionespor invalidez. También propuso replantear el futuro de las pensiones de viudedad, en una sociedad en la que la tendencia es que casi todas las mujeres se incorporan al mercado laboral.

Sin embargo, la directora fue tajante al asegurar que "hay que cuidar" la revalorización de las pensiones, puesto que su cuantía todavía es baja. Recordó que los niveles de protección social españoles son más bajos que los europeos, puesto que en España se destina a este fin el 25% del PIB, frente a un 28% de media en l UE.

CORRESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES

Asimismo, la catedrática Dolores Dizy destacó que los empresarios aportan dos terceras partes de las cotizaciones a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores sólo pagan un tercio y son los únicos beneficiarios de las prestaciones que estas partidas generan. Por eso, afirmó que tiene que aumentar la aportación de los empleados, con base en criterios de corresponsabilidad.

Dizy aconsejó la separación clara entre la financiación de las pensionescontributivas y las no contributivas, así como que se tenga en cuenta toda la vida laboral de los cotizantes a la hora de calcular la cuantía de sus pensiones, para evitar injusticias.

También se manifestó contraria a que se establezca un límite máximo a la cuantía de estas prestaciones e incidió en la necesidad de equiparar las pensiones de los regímenes especiales de la Seguridad Social con las del régimen general.

En cuanto al futuro del sistema, la catedrática auguró que el desequilibrio, cifado actualmente en 400.000 millones de pesetas, "se va a agudizar" por factores como el aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y el "efecto sustitución" de las nuevas pensiones que sustituyen a las viejas, que tienen una cuantía más elevada.

DISCRIMINACION FISCAL

Por su parte, el subdirector de Innovación Financiera de Caixa Galicia, Alvaro García Diéguez, aprovechó su intervención en el curso para solicitar un mejor trato de la tributación de los planes de pensiones, que "sufren n tratamiento fiscal discriminatorio en relación con los rendimientos o plusvalías de otros productos financieros".

Sugirió que habría que mejorar el principio de neutralidad fiscal en lo que se refiere a los rendimientos de las aportaciones que se realizan a los planes. También pidió que Hacienda tenga en cuenta las características finalista y de ahorro a largo plazo que tiene este producto.

Además, García Diéguez pidió más flexibilidad en la normativa de los planes de pensiones, orientada a la osibilidad de incorporar nuevas coberturas por desempleo o enfermedad. Dijo también que se podría establecer una liquidez "condicionada a un período temporal o a la pérdida de beneficios fiscales".