Jáuregui hizo este anuncio durante el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Medidas Específicas en Materia de Seguridad Social, que trata de preservar la igualdad de las pensiones en toda España. Las enmiendas de devolución presentadas por CiU y BNG a la norma, fueron rechazadas con los votos del PP.

El portavoz de Política Social y Empleo del PSOE apuntó que, en su redacción actual, a norma es "inconstitucional". Si no se corrige, habrá recurso al Alto Tribunal -con el que ha amenazado también CiU- "y lo volveremos a ganar y les volveremos a dejar en evidencia".

El diputado socialista acusó al Gobierno de "violentar de una manera flagrante" la doctrina constitucional que ampara las ayudas sociales de las comunidades autónomas. A su juicio, la norma es un acto "vengativo y sectario" del Ejecutivo ante el fallo del Constitucional avalando la subida de pensiones no contributivas adotada en 1999 por la Junta de Andalucía.

Jáuregui recordó que Navarra, gobernada por Miguel Sanz (UPN), y la Diputación Foral de Alava, que dirige el popular Ramón Rabanera, "complementan las pensiones mínimas".

El portavoz de Política Social y Empleo de CiU, Carles Campuzano, defendió su enmienda por que la norma vacía de contenido la competencia de las comunidades autónomas en materia de protección social y porque "expresa una concepción regresiva del concepto de autonomía".

POR LAS BRAVAS

Además, Campuzano afirmó que la norma "pretende resolver por las bravas" y "sin diálogo" una diferencia nacida en los últimos tiempos sobre las ayudas a las pensiones, y "responde a una idea de política social claramente regresiva".

El diputado de CiU denunció que el Gobierno pretende evitar que cientos de miles de pensionistas con prestaciones por debajo del salario mínimo (450 euros al mes) "vean mejoradas sus condiciones de vida", y para ello desarrollan "de manera abusiva y expansiva" la Constituión, obviando el artículo de la Carta Magna que establece para los poderes públicos "el deber de hacer frente a las situaciones de necesidad".

Campuzano acusó al Ejecutivo de situarse en "una idea casi preconstitucional" del concepto de Estado, obviando el reconocimiento de la autonomía de las regiones para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.

El diputado del BNG Carlos Aymerich aseguró que el proyecto de ley "burla" el marco competencial que deja vía libre a las comunidades autónoms para dar ayudas de asistencia social. Acusó al Gobierno de cerrar a las regiones la posibilidad de influir en la política social a través de ayudas a los más necesitados.

LEY "MUY POSITIVA"

El portavoz de Pensiones del PP, Tomás Burgos, salió en defensa del proyecto del Gobierno asegurando que las enmiendas a la totalidad presentadas "no parecen insuficientemente sustentadas", frente a una norma que es necesaria y "muy positiva".

Burgos indicó que al PP sí le importa "salvaguardar la igualdadde los ciudadanos" y añadió que el proyecto de ley "no se presenta contra nadie, sino a favor de un sistema de Seguridad Social más eficaz y más acorde con la evolución de nuestra sociedad".

El diputado del PP restó credibilidad a los argumentos de CiU y tachó de demagógico al portavoz del PSOE, a quien acusó de "romper el espíritu del Pacto de Toledo" por el uso electoral de las pensiones por su formación.

A juicio de Burgos, los complementos a las pensiones son un "notable exceso", ya que hay oros instrumentos en materia de asistencia social que podrían ser utilizados por las comunidades autónomas en su ámbito competencial.

Durante la defensa del proyecto, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, había defendido los principios de "unidad, solidaridad e igualdad" que deben regir al sistema de Seguridad Social, y aseguró que con esta norma, el Gobierno es "enormemente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas en todos los campos y, concretamente, en matera de asistencia social".

Zaplana explicó que ni el Gobierno ni la ley debatida hoy se oponen a que las comunidades "puedan establecer las ayudas económicas que consideren oportunas a las personas que padecen especiales necesidades, pero entendemos que no puede utilizarse esa competencia para modificar o complementar las pensiones contributivas o no contributivas" de la Seguridad Social.

El ministro acusó a algunas comunidades autónomas de haber "traicionado" el espíritu y la letra del Pacto de Toedo, que hablaba de no utilizar las pensiones en la lucha electoral. Se ha dado la circunstancia, según Zaplana, de que algunas regiones han dado ayudas a los pensionistas justo antes de que hubiese comicios.

A juicio de Zaplana, la posibilidad de que los pensionistas reciban prestaciones distintas en función de su lugar de residencia "es un efecto disfuncional" que se quiere corregir con esta ley.