Así se desprende del ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2023’ elaborado por CCOO y la Fundación 1ª de Mayo, que fue presentado este lunes en rueda de prensa por el secretario confederal de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo; el responsable de la Federación estatal de Pensionistas y Jubilados del sindicato, Juan Sepúlveda, y la investigadora de la Fundación 1º de Mayo Alicia Martínez.

El informe alerta de que la brecha de género puede ser mayor si no se tiene en cuenta la cuantía de la pensión propia generada, sino los ingresos a los que cada persona mayor tiene acceso. Y es que, según explica, la “primera brecha” viene determinada por el hecho de que muchas mujeres mayores no han adquirido el derecho de pensión contributiva propia.

Ello implica que su protección social se haya establecido principalmente a través de pensiones derivadas (destaca la de viudedad sobre el resto) que, por su propia definición, sólo garantizan una parte de la protección que ofrecen las pensiones de jubilación. Precisamente, al comparar las cuantías medias de las prestaciones a las que acceden mayoritariamente cada uno de los sexos, la brecha alcanza el 49%. Si bien, su causa última no es tanto la diferencia de cuantías, ya que comparamos prestaciones no homogéneas, sino el acceso a prestaciones contributivas propias.

Del total de pensiones de jubilación en vigor, sólo el 40% han sido causadas por mujeres. Pero las generaciones progresivamente más jóvenes de mujeres pensionistas, sin embargo, ya registran un volumen significativo de pensiones de jubilación propias, aunque todavía inferior al de los hombres.

Por otro lado, el informe pone en valor los efectos positivos que, para CCOO, ha tenido la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura, con la que se garantiza la revalorización de estas prestaciones con la media de las tasas de inflación calculadas entre diciembre y noviembre del año anterior.

Solo en 2023, según detalló Carlos Bravo, con el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones aprobada en 2013, la pensión hubiera sido unos 1.260 euros más baja de media, lo que supondrían 93 euros por paga.

“La revalorización de las pensiones ligada a la inflación es una cuestión de justicia social que, además, despliega importantes efectos macroeconómicos, ha servido para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones de 9,5 millones de personas y se ha destinado, fundamentalmente, a la demandada interna de bienes y servicios de la que depende el mantenimiento y la creación de la actividad económica y el empleo”, señala el estudio.

DEPENDENCIA Y SANIDAD

Por otra parte, el informe de CCOO se detiene en otros aspectos que afectan a la vida de las personas mayores y alerta de problemas crecientes como la soledad no deseada. Asimismo, pone el foco en la necesidad de aumentar la inversión en sistemas como el de dependencia y el sanitario, advirtiendo, además, de las diferencias que existen entre comunidades autónomas.

Según comentó Carlos Bravo, el gasto en dependencia en España se sitúa en el 0,77% del producto interior bruto (PIB) y para solucionar los problemas que existen de listas de espera se requiere de una inversión que ascienda al 1,5%. Igualmente, destacó que el gasto en sanidad se encuentra en el 6,7% del PIB y se necesita que esta cifra ascienda al 7,5%.

En este punto, llamó la atención de las diferencias que existen entre autonomías, ya que mientras que Andalucía gasta un 17% en su sistema sanitario público, la Comunidad de Madrid lo hace un 11%, con una media nacional de las regiones que es del 14%.

Por ello, Carlos Bravo emplazó al Gobierno y a los partidos políticos a que tengan en cuenta en los presupuestos de 2024 “las necesidades de las personas mayores que todavía tenemos sin cubrir”. “No son solo de personas mayores, ya que son transversales, pero tienen una especial incidencia en las personas mayores”, reforzó este representante de CCOO.

El sindicato considera que todos estos aspectos cada vez van a ir adquiriendo más importancia, debido al aumento de la esperanza de vida y la población mayor. Solo entre 1975 y 2021, se han ganado en España cerca de 10 años en la esperanza de vida al nacer, con una abrupta caída de la mortalidad infantil, que pasó de una tasa de 18,9 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en 1975 a los 2,5 por mil en 2021, y un aumento de la esperanza de vida a los 65 en seis años.