La reforma, presentada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, prevé el aumento a 40 años de cárcel de la pena máxima para delitos de terrorismo y otros muy graves. Además, limita los benefcios penitenciarios en los delitos graves e impide aplicar el tercer grado a quienes hayan sustraído dinero a las arcas del Estado hasta que lo devuelvan.

Michavila agradeció la "disponibilidad" e "inmediatez" de los grupos parlamentarios que se han reunido con él esta semana -PP, PSOE, CiU, PNV e IU- con un espíritu "constructivo". Aseguró que el diálogo entre Gobierno y oposición ha permitido "perfeccionar" el sentido literal del borrador, hasta convertirlo en un instrumento "eficaz en la lucha conta el terrorismo".

"Surge con un claro apoyo parlamentario. Tiene el apoyo en sus fundamentos básicos de cuatro grupos que suman 327 diputados, lo que hace que la iniciativa surja con el apoyo de casi el 94 por ciento de la Cámara", destacó el titular de Justicia.

TRES LEYES A REFORMAR

El Gobierno ha remitido para su estudio el documento aprobado hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ya que supone modificar los artículos 36, 76, 78, 90 y91 del Código Penal, el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria y el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La nueva normativa establece además que, quienes incurran en un delito muy grave, deberán cumplir de manera íntegra y efectiva su condena cuando la pena de cárcel impuesta duplique el límite máximo.

El ministro justificó esta medida con este argumento: "Las condenas tienen un elemento disuasorio. Dejan de tenerlo si la gente sabe que no se cumplen. No tiene ninguna duda el Gbierno y no tienen ninguna duda los cuatro grupos parlamentarios que aprueban esta ley que esto es eficaz en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más graves".

Asimismo, el patrimonio presente o futuro de los terroristas condenados quedará vinculado a la reparación e indemnización de las víctimas, ya que la Agencia Tributaria y las administraciones tributarias forales podrán investigar sus bienes para compensar los daños causados por sus acciones terroristas.

La reforma concede tambén el carácter suspensivo a los recursos presentados ante las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que supongan la puesta en libertad de quienes estén cumpliendo condena por delitos graves.

PERIODO DE SEGURIDAD

Los condenados por delitos graves de más de cinco años de cárcel no podrán acceder al tercer grado penitenciario en cualquier momento, como ocurre actualmente, sino que tendrán que haber cumplido íntegra y efectivamente un "periodo de seguridad", aproximadamente de una durción equivalente a la mitad de la pena.

Los condenados por la comisión de delitos de sustracción y enriquecimiento con fondos públicos tendrán limitado su acceso al tercer grado y a la libertad condicional si no han devuelto las cantidades sustraídas.

Michavila destacó que la iniciativa nace fruto del "diálogo" entre el Gobierno y los partidos de la oposición, a pesar de que el Partido Popular rechazó desde un principio convocar la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista.

El ministr de Justicia aseguró que no tiene "ningún inconveniente" en mantener conversaciones con el principal partido de la oposición "en el foro que sea y con el formato que sea". "Lo haremos en cualquier ámbito, si es preciso hacerlo (en la comisión de seguimiento del Pacto) se hará", apostilló.

Incluso, ofreció reunirse por separado con cada uno de los partidos que conforman el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, los únicos con los que no se ha reunido esta semana. Aunque agradeció las aportacionesde PP, PSOE, CiU, PNV e IU, rechazó los argumentos de los grupos que discrepan con el endurecimiento de las penas de cárcel para los terroristas.

CADENA PERPETUA

Michavila recordó a PNV e IU que la idea de que los terroristas no obtengan disminuciones de la condena procede del Consejo de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea celebrado en el mes de junio pasado.

Además, recordó que "la Corte Penal Internacional establece la cadena perpetua para este tipo de delitos", mientras que a Unión Europea lo ha dejado en 40 años.

"No tiene sentido que teniendo en España un problema de terrorismo tan grande como tenemos siguiéramos en una situación en la que las condenas son más cortas que en el resto de la UE y, encima, no se cumplen", dijo.

Por último, señaló que la democracia española ha intentado "todo" para acabar con el terrorismo y, en este momento, está "asfixiando como nunca a ETA" con la aprobación de medidas legislativas como la Euroorden, la Ley de Partidos y este Antepryecto de Ley sobre Cumplimiento Integro y Efectivo de las Condenas.