En una conferencia de prensa, Pedrol manifestó que el informe, en su mayor parte favorable al ateproyecto, aprobado ayer por el pleno del Consejo General del Poder Judicial, aunque recomienda el respeto a la libertad e independencia de los letrados del turno de oficio, "no responde claramente a la cuestión que planteamos los abogados para que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos".

Para Pedrol, el punto más importante recogido ayer por el pleno del Consejo es la petición de que el proyecto vuelva de nuevo al máximo organismo judicial, una vez que esté concretado el diseñodel sistema de asistencia jurídica gratuita, con los reglamentos de desarrollo, lo que corrobora la denuncia que ya planteó al conocer el texto, del que dijo que estaba lleno de "indefiniciones".

Los 82 colegios de abogados de España no cuestionan que la Administración realice funciones de seguimiento y control sobre el turno de oficio, "pero otra cosa es apoderarse de la organización y gestión del servicio", comentó, refiriéndose a su intervención en el nombramiento, pago y sanciones a imponer a los etrados.

Destacó como ejemplo que la injerencia de la Administración a la hora de sancionar a los abogados "colisiona" con el artículo 442 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge que "las correcciones a los letrados sólo pueden imponerlas los tribunales, el juez y, posteriormente, los colegios profesionales, y si introducimos un elemento extraño, que en este caso sería la Administración, hay que modificarla".

Pedrol planteó como última finalidad del anteproyecto que el Ministerio de Jusicia "pretende crear un monstruo burocrático para un servicio que tiene 560.000 actuaciones al año, en un momento en el que el Gobierno tiende a privatizar los servicios para eludir la reconocida ineficacia de los servicios públicos".

El decano de los abogados madrileños reiteró la posibilidad de que se cree "una casta de abogados nombrados, pagados y sancionados por la Administración", que impida que los ciudadanos con menos recursos gocen de los mismos derechos que los pudientes para tener un defensr libre e independiente, aspecto que el informe emitido por el Consejo no contempla con rotundidad.

"Todos sabemos quién nombra a los vocales del Consejo", opinó para resaltar que por contra, la mayoría de las asociaciones de jueces "que son independientes y están formadas por los que tratan directamente con los abogados de oficio" han mostrado su absoluto rechazo al proyecto.

Pedrol no quiso hacer ningún comentario a la posible convocatoria de huelga anunciada por los colegios de abogados para potestar contra la nueva ley, cuestión que será abordada mañana en el pleno del Consejo General de la Abogacía.