En el informe semestral de las actividades de la institución, al que tuvo acceso Servimedia, Peces-Barba reconoce que en aplicación de las normas actuales, otorgar la condición de víctima "se hace muy dependiente del sistema de calificaciones jurídicas".

De este modo, se "niega tal condición" a los afectados en atentados no reivindicados, aquéllos en los que la Administración o la sentencia resuelve que no guardan relación con el acontecimiento y a determinadas personas que han "sufrido de forma sistemática la violencia callejera, el acoso, la agresión, la amenaza del terrorismo etarra, hasta el punto de tener que abandonar sus hogares, sin que hasta la fecha hayan sido reconocidos como víctimas del terrorismo por entenderse que no era apreciable el nexo causal".

En este informe sobre las actividades emprendidas en sus primeros seis meses en el cargo, de las que Peces-Barba dará mañana cuenta en una comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, el Alto Comisionado indica que los exiliados del País Vasco por la violencia etarra deberían poder acogerse a la condición de víctimas y a las correspondientes indemnizaciones y ayudas que se derivan de tal consideración.

Peces-Barba detalla en su informe estas conclusiones sobre la ampliación del concepto de víctima. Es su conclusión tras los diferentes encuentros que mantuvo con colectivos de víctimas del terrorismo como asociaciones, fundaciones, agrupaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y colectivos cívicos.

Estos últimos aglutinan a muchos de los exiliados vascos, colectivo que, según el Foro Ermua, asciende a 400.000 personas que han tenido que abandonar el País Vasco por la presión etarra.

Además, con esta ampliación de la condición de víctima, el Alto Comisionado pretende que, entre otros grupos, se puedan acoger a tal consideración quienes "aseguran haber viajado en los trenes" del atentado del 11-M y que "no figuran en los listados oficiales de los hospitales donde fueron atendidos los heridos y afectados".

Considera que "la situación creada es, cuanto menos, muy preocupante, pues se trata de personas con cuadros clínicos de patologías psiquiátricas que afirman haber sufrido el atentado, han recibido atención médica especializada y tras el trámite administrativo, se ha decidido por la Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior denegarles la condición de víctima al no haberse acreditado el nexo causal".