Así lo aseguró en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, donde señaló que este espionaje masivo sería “cuestión de Estado en cualquier estado de la Unión Europea” y pidió al Gobierno “asumir su responsabilidad”. “No tanto como actor principal, que quiero pensar que no ha sido así, sino para garantizar los derechos de sus conciudadanos y de todos los que participamos en la política activa”, explicó

En este sentido, subrayó que quiere pensar el Gobierno y el actual presidente “no fueron actores materiales”, pero admitió que no tiene la “seguridad” de que sea así y llamó a “clarificar” el asunto.

Señaló que las declaraciones de los ministerios de Interior y Defensa son “absolutamente insuficiente” para un tema de este “calado”, y exigió las tomar medidas necesarias para llegar hasta el fondo de la cuestión porque el programa de espionaje Pegasus “solo se vende a estados”.

“Por tanto, si solo se vende a estados no se me ocurre cuál puede tener interés en investigar a 75 políticos catalanes, mayoritariamente independentistas. El Estado debe aclarar si se nos ha espiado, quién ha autorizado el espionaje, con qué finalidad, si había autorización judicial y cuáles son los responsables”, añadió.

“Este no es un tema de si este gobierno lo ha hecho o no, sino si desde las estructuras del estado, quizá sin conocerlo el responsable político último, se ha estado actuando en contra de nuestra propia intimidad y el derecho al ejercicio de la acción política”, prosiguió.

Este pregunto espionaje a estos independentistas fue revelado este lunes por Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, en Canadá. Según estos investigadores, el programa Pegasus, que desarrolla la empresa israelí NOS Group, habría sido usado para pinchar e infectar en España, entre otros, los teléfonos de miembros de ERC, Junts, la CUP; de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural; y de Otegi y el portavoz de EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu.

FISCALÍA

Ahora, Bel dijo que espera que un “papel activo” por parte del Gobierno y de todas las instituciones del Estado en este asunto, y llamó a la Fiscalía a adoptar un papel “proactivo”.

“Por mucho menos, la Fiscalía ha abierto investigaciones”, indicó Bel, para después señalar que el Ministerio Fiscal debería “tomar medidas por su cuenta”.