Así lo señalaron fuentes de la defensa del PCTV a su salida del despacho del juez Garzón, en el que esta mañana se celebró durante cerca de dos horas una vista en la que también estuvieron presentes el presidente del partido, Juan Carlos Ramos, el fiscal Vicente González Mota y las acusaciones particulares de Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El fiscal González pidió a Garzón que decrete la suspensión de las actividades del PCTV y del derecho de esta formación a presentarse a las elecciones del 9 de marzo, así como la clausura de sus locales y establecimientos, el embargo y el bloqueo de las cuentas y de los ingresos provinientes de las administraciones públicas. Dignidad y Justicia y la AVT se adhirieron a estas peticiones.

El PCTV señaló en la vista ante el magistrado que "es absurdo" que habiendo iniciado ya el Tribunal Supremo el proceso en el que deberá decidir si ilegaliza o no al partido, se utilice ahora la vía penal de forma complementaria.

De hecho, la defensa del partido aseguró que esta situación, con dos procesos en paralelo, vulnera el principio de especificidad, así como el derecho del PCTV a una tutela judicial efectiva.

PRUEBAS POLICIALES "ILEGALES"

Por otro lado, la defensa del PCTV defendió que las únicas pruebas que existen sobre su presunta vinculación con Batasuna y ETA son informes policiales realizados en el año 2005 y sostuvo que, si en aquel año no había motivos para suspender sus actividades, "lógicamente" tampoco los habría ahora.

En cuanto a las nuevas pruebas aportadas en los informes policiales realizados por la Policía Nacional y la Guardia Civil por orden del propio Garzón, el PCTV considera que no son base suficiente para decretar la suspensión de sus actividades, ya que son "meros atestados policiales", muchos de ellos realizados de forma fraudulenta.

El PCTV aseguró ante Garzón que el registro de su sede del polígono de Usurbil (Guipúzcoa), del que provienen muchas de las pruebas aportadas por los informes policiales de este año, "fue ilegal" y como tal está recurrido ante un juzgado del País Vasco.

Además, subrayó ante el magistrado que las escuchas policiales de las que se da cuenta en estos informes ni siquiera han sido aportadas a la causa.

INTERPRETACIÓN "TORTICERA" DE GARZÓN

El partido también sostuvo que el artículo 129 del Código Penal, en virtud del cual Garzón convocó la vista celebrada hoy, es aplicable a fundaciones, empresas y asociaciones, pero nunca a partidos políticos, y aseguró que el magistrado ha interpretado esta norma de forma "torticera".

La defensa también argumentó ante Garzón que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el grupo parlamentario que el PCTV tiene en la Cámara de Euskadi y el partido político son "realidades diferentes".

En este sentido, señalaron que las pruebas aportadas por los informes policiales se refieren casi en su mayoría al grupo parlamentario, por lo que no se podrían aplicar contra el partido político.

Por último, fuentes de la defensa del PCTV afirmaron que "en este caso hay dos intereses" en conflicto, por un lado "la protección del derecho a participar en las elecciones" y, por el otro, "el interés político" que existe para impedir que este partido concurra en los comicios de marzo.

Mañana, a las 10.00 horas, tendrá lugar la otra vista convocada por Garzón, en la que será Acción Nacionalista Vasca (ANV) la que deberá aportar sus argumentos antes de que el magistrado decida si suspende o no sus actividades.