Así lo indicó Juvillà en rueda de prensa en el Parlamento catalán, en la que estuvo acompañado por la presidenta de esta institución, Laura Borràs; la vicepresidenta primera, Alba Vergés; la secretaria segunda, Aurora Madaula; y el secretario cuarto, Rubén Wagensberg, como muestra de apoyo a su decisión.

La JEC tomó esta decisión este jueves al entender que concurren causas de inelegibilidad sobrevenida de este diputado del Parlamento catalán al estar condenado por mantener en su despacho unos lazos amarillos en apoyo a los líderes del ‘procés’ pese a que se le pidió que los retirara.

Juvillà comentó que los servicios jurídicos del Parlamento catalán también procederán a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra esta solución de la JEC. En concreto, aseguró que agotará “todas las medidas legales” para mantener su credencial como diputado en esta institución.

Asimismo, recordó que el 17 de diciembre en el Pleno del Parlamento catalán se aprobó un dictamen con el apoyo de 1113 diputados del PSC, ERC, Junts, Comuns y la CUP con el que se comprometían a que ningún miembro electo de esta Cámara pudiera perder su condición de diputado sin una sentencia firme.

Con esta comparecencia, continuó, reiteró que es el Parlamento catalán quien es “competente” en esta cuestión y no la JEC, por ello se acogió al citado dictamen y afirmó que defenderá la “soberanía del Parlamento catalán”, por lo que no acatará la resolución de la JEC. A su juicio, esta resolución “vulnera el derecho de los electores”.

“REPRESIÓN”

Durante su discurso, Juvillà señaló que la JEC “no es un organismo judicial”, sino un ente administrativo con funciones “muy concretas” centradas en el proceso electoral y “no en decidir sobre las causas de incompatibilidad de los diputados”, al tiempo que criticó que su resolución es “un ataque a la democracia”.

Asimismo, abogó por ampliar este foco de su caso para ver que a día de hoy hay “más de 4.000 personas represaliadas” por el ‘procés’ y afeó que la “única voluntad” del Estado es “eliminar la disidencia política”. “No es ni la primera ni será la última vez que el Estado persigue cargos electos por ejercer derechos democráticos”, añadió.

“Que por mantener dos lazos amarillos se inhabiliten cargos escogidos democráticamente evidencia la suspensión democrática flagrante en la que estamos inmersos, y no lo podemos normalizar”, apuntó, por ello, destacó que responderá de forma “clara y contundente” ante este “nuevo ataque”.