En este documento, las patronales explican a la comisaria que “el Gobierno trabaja en un Real Decreto-Ley que, conforme a la Constitución Española, no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares, empresas o autoridades de Competencia, dejando así al sector VTC en una clara situación de indefensión".

Tal ley, según estas organizaciones, tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya sea directamente o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan.

Las patronales también destacan que les parece “indignante” que el Gobierno “pueda aprobar una regulación urgente para eludir al Tribunal, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales, sin siquiera escuchar a los representantes de las VTC.

“Ello demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC”, concluyen.

Por ello, se solicita a la Comisión Europea que emita “una comunicación urgente a las autoridades españolas” para dejar claro que “la regulación que se imponga a los VTC debe ser fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general y que, conforme a la legislación europea, está prohibido imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis".