Así lo señala AOP en un comunicado en el que indica que el mantenimiento de este gravamen extraordinario, que fue creado con carácter temporal, condiciona la capacidad de generar nuevas inversiones, ralentizando las estrategias de descarbonización de un sector clave.

Además, denuncia que si se mantiene este impuesto tal y como se recoge en el acuerdo entre el PSOE y Sumar se penalizaría la competitividad de la industria española, frente a operadores extranjeros e industrias importadoras.

Por ello, lamenta que tendría un impacto negativo en el empleo, en el desarrollo de nuevas inversiones, así como en la autonomía y garantía de abastecimiento energético de España.

Asimismo, añade que su posible prórroga contradice la normalización de los mercados y la apuesta de la Unión Europea por fomentar la competitividad y el liderazgo industrial de tecnologías de cero emisiones netas.

Por último, sostiene que “prorrogar un gravamen que se introdujo como una medida extraordinaria por un periodo máximo de dos años para dar respuesta a la peor crisis energética mundial en décadas, va en contra de la política energética de la Unión Europea”".