La energía eléctrica representó un 40% de los costes de las explotaciones frigoríficas en el año 2021, según datos de la patronal, y el ascenso “constante” de su precio “ha abocado al sector a una importante reducción del margen de beneficios durante el ejercicio de 2021, llegando a situaciones de pérdidas en los últimos meses”.

Aldefe es la patronal que representa a 74 empresas dedicadas a la congelación, conservación, transporte y distribución de productos perecederos a temperatura controlada, así como por la Asociación Frigorífica de Cataluña.

La disminución o la suspensión temporal de la actividad de las compañías “pondrían en peligro el empleo que generan, así como la prestación de servicios esenciales como la conservación y el transporte de alimentos y de productos farmacéuticos”.

Aldefe pidió medidas más allá de la “insuficiente” bajada del IVA y puso el foco en el “agravio comparativo” que supone el hecho de que la Administración “excluye a las explotaciones frigoríficas de la exención del 85 % del impuesto eléctrico que tiene el sector industrial para la energía eléctrica que se destine a reducción química y procesos electrolíticos, a procesos mineralógicos y a procesos metalúrgicos”, así como a los sectores industriales donde la electricidad supone más del 50% del coste del producto.

En este sentido, la patronal apuntó que el cultivo en regadío, la transformación industrial de alimentos y la producción de medicamentos “están bonificados”, pero el “necesario” almacenamiento de esos alimentos y productos farmacéuticos en condiciones óptimas de frío para su conservación y distribución “no lo están”.

Por otro lado, la patronal subrayó que la repercusión del aumento de los costes en la conservación de productos congelados “no puede ser trasladada de modo directo a los clientes, las empresas de producción y distribución de alimentos”, ya que se trabaja con contratos de almacenamiento a precio fijo durante un tiempo determinado.

Asimismo, Aldefe alertó de que la subida de costes de almacén y distribución “contribuiría al ascenso de la inflación de la cesta básica de la compra y sería perjudicial para la competitividad de las exportaciones españolas de alimentos congelados”.