Así lo puso de manifiesto la presidenta de Aeste, Natalia Roldán, durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que se ha trazado la hoja de ruta del sector en los próximos meses.

El sector de la dependencia aúna los servicios de residencias, centros de día teleasistencia y ayuda a domicilio. En conjunto aportan una facturación anual de 7.000 millones, supone un 0,6% del PIB y da empleo a más de 300.000 personas. En este sentido, la presidenta de Aeste cuestionó que “si el cuidado de los mayores ha sido siempre importante, y tras el paso de la pandemia se determinan como servicios esenciales aquéllos vinculados con la dependencia, cómo es posible que no lo sean ahora para garantizar su financiación”.

De igual manera, a lo largo de su intervención hizo hincapié en la necesidad de que se alcance un sistema de cuidados de calidad, “accesible para las personas mayores que requieran esos servicios, flexibles según varíen las necesidades, de libre elección para los usuarios, y con una financiación que garantice su sostenibilidad en el tiempo”, añadió.

Así, para Aeste, la colaboración público-privada es “fundamental” para conseguir un sistema de atención a la dependencia que sea capaz de dar respuesta a las necesidades del colectivo de personas mayores, un grupo de población que, según destacaron, representa a más del 20% de la ciudadanía estatal, en la actualidad.

Además, Aeste indicó que el Acuerdo de Acreditación aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales “se aleja, aún más, del objetivo del 5% de plazas residenciales marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de generar gran incertidumbre para el abordaje de proyectos, ya sea en el ámbito residencial, ya sea en domiciliario, frenando inversiones que generan puestos de trabajo no deslocalizables”.

Por último, Aeste trasladó otras demandas como el aumento de las plazas de profesionales sanitarios, la eliminación de la aplicación de la desindexación en la contratación pública de servicios vinculados a la atención de la dependencia o la defensa de la imagen del sector y el respeto a sus profesionales.