Según informó la confederación, en concreto, el 71,04% de los 3.346 encargos realizados a medios propios en 2022 se licitaron a estas 14 empresas, lo que “evidencia un abuso y una falta de concurrencia” que “amenaza la competencia empresarial y compromete la ejecución” de los fondos europeos y los objetivos del Plan de Recuperación.

Para la CNC, esto es “un ataque en toda regla” por parte de las administraciones central, autonómica y local contra la libre competencia que, según la patronal, tiene como causa la ausencia de un mecanismo “estable y ambicioso” de revisión de los precios de los contratos públicos. Eso, a su vez, “ahuyenta” a las empresas de esos contratos ante la incertidumbre generada por la espiral inflacionista de los tres últimos años.

Asimismo, la CNC resaltó que las adjudicaciones de obras a empresas que acuden en solitario a las ofertas de las administraciones ascendieron el año 2023 a 1.213 millones de euros en 4.875 contratos, lo que supone “una cantidad muy elevada” comparada con el importe adjudicado a empresas que acudieron en solitario y sin competencia en el año 2019, que alcanzó los 315 millones de euros, cuatro veces menos.

Esto “restringe peligrosamente” el número de empresas que compiten por un contrato en las administraciones públicas, pues la competencia “se ha desplomado” un 63% desde 2019, cuando acudían una media de 6,99 empresas a una licitación pública frente a las 4,3 empresas en la actualidad.

La patronal atribuyó esta situación a la ausencia de un sistema de “reequilibrio económico” de los contratos públicos desde hace un año, cuando venció el Real Decreto-ley 3/2022 modificado hasta tres veces.

Esta “preocupante situación” podría terminar “agravando” el número de licitaciones desiertas y el “incremento descontrolado” del uso de medios propios por parte de las administraciones públicas para ejecutar contratos públicos, pues de 2021 a 2022, el número de encargos a medios propios creció un 77%, pasando de 1.888 a 3.346 encargos.

La patronal denunció que los 2.631 millones de euros destinados a contratos a medios propios en 2022, frente a los 589 millones de 2021, reflejan “adjudicaciones arbitrarias y desproporcionadas” con consecuencias “nefastas” para el tejido productivo y para la ciudadanía.

Según el presidente de la Construcción, Pedro Fernández, “la contratación pública en España está enferma por la amenaza que supone para la competencia empresarial el abuso de estas prácticas. Y esta situación resulta especialmente preocupante, ya que podría alejar compromisos ineludibles como la ejecución de los fondos europeos con los que lograr los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.