Esta organización patronal, agrupada en la CEOE, reclama la derogación del decreto Boyer sobre horarios comerciales y una reforma de la fiscalidad que grava a las pequeñas y medianas empresas de la que forme parte la supresón del Impuesto de Actividades Económicas.

La CEC pone como ejemplo a seguir la legislación autonómica de Valencia, Cataluña y Galicia, que prohiben la apertura en domingos, salvo casos excepcionales previamente pactados, que durante 1992 fueron 4 en la primera comunidad, tres en la segunda y uno en la tercera.

La CEC propone que ese sistema se extienda a toda España mediante la promulgación de una Ley de Comercio estatal y aduce también como argumento que la libertad plena de horarios sólo exist, dentro de la CE, en España, Portugal e Irlanda.

También aboga por un reglamento que desarrolle la Ley de Competencia Desleal en el sentido de perseguir "las ventas a pérdida o las prácticas comerciales que desarrollan las entidades financieras, por ejemplo".

La Confederación de Comercio señala que su sector merece un tratamiento diferenciado en atención a que genera 11 de cada 100 pesetas de PIB y da trabajo a 12 de cada 100 trabajadores con empleo.

Advierte, a este respecto, que en los úlimos 10 años han desaparecido cerca de 100.000 empresas comerciales, en su mayoría familiares, sin que la Administración haya adoptado "ni una sola medida que impidiera esta constante destrucción de empresas y puestos de trabajo".

A su juicio, la Administración no sólo no ha articulado un marco fiscal y laboral específico para el sector sino que ha adoptado "medidas como la libertad de horarios comerciales, que han profundizado y agravado más la crisis al aumentar las ventajas competitivas en este tereno de las grandes superficies frente a los pequeños empresarios".

La CEC también reclama a los partidos que incluyan en sus programas una legislación que impida la concentración excesiva de establecimientos comerciales, así como un marco laboral y de formación profesional específico del sector.