Los datos del PP señalan que unas 3.000 personas de la región madrileña están en situación de espera para que la Administración les confirme o niegue una pensión no contibutiva.

Roberto Sanz Pinacho, parlamentario popular de la Asamblea de Madrid, indicó que el acuerdo firmado en 1991 entre el presidente de la CAM, Joaquín Leguina, y los ministerios de Trabajo y el de Asuntos Sociales para la gestión de estas ayudas, "no se está cumpliendo ni en su espíritu ni en su letra".

El incumplimiento consiste, según los conservadores, en que los presupuestos de la región deberían contemplar un apartado específico sobre esta materia. "Tal programa no existe en los presupustos del 92", dijo Sanz Pinacho, quien añadió que "hemos pedido la creación de este programa dentro de los presupuestos de 1993".

Las acusaciones del PP implican también al INSERSO, porque debería de colaborar en las tareas de información y orientación referentes a estas pensiones, en vez de remitir las quejas a la CAM, "que es quien se está llevando todas las bofetadas".

Para intentar aclarar todo lo que concierne a los problemas y retrasos que sufren las personas que solicitan una pensión de juilación o invalidez, el PP ha presentado una moción en la Asamblea regional.

En el texto de la iniciativa, los conservadores proponen que se incluya en los presupuestos de 1993 un programa específico sobre "gestión de pensiones no contributivas de la Seguridad Social".

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