El Gobierno vasco aprobó el pasado 28 de mayo, en una reunión extraordinaria del Consejo, el proyecto de ley de regulación de la consulta. El 3 de junio, la Mesa del Parlamento vasco admitió a trámite este proyecto de ley.

La consulta que propone Ibarretxe está prevista para el 25 de octubre y en ella se formularán dos preguntas a los ciudadanos vascos: si apoyan un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta "de forma inequívoca" su voluntad de poner fin a la misma, y si están de acuerdo en que los partidos políticos vascos, "sin exclusiones", inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el "ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco".

En palabras de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, formuladas en una rueda de prensa hace un mes, la primera será "para poner a ETA en su sitio" y "para exigir el final de ETA y abordar un final dialogado de la violencia y para dejar sentado que las decisiones políticas corresponde tomarlas a los representantes políticos".

La otra pregunta será para que "todas las fuerzas políticas vascas sin exclusiones inicien un proceso de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo de normalización".

Ibarretxe eligió el debate sobre política general en el Parlamento vasco, celebrado el pasado 28 de septiembre, para anunciar su propósito de convocar una consulta popular sobre el futuro del País Vasco.

Para ello trazó una hoja de ruta que incluía, como primer paso, alcanzar un acuerdo al respecto con el Gobierno español. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, le recibió en su despacho en la Moncloa el 20 de mayo de este año, lugar donde le reiteró su oposición.

Ibarretxe advirtió entonces que continuaría con el proceso, cuya segunda parte tendrá lugar el viernes, durante el Pleno del Parlamento vasco que comienza a las nueve y media de la mañana en Vitoria.

Por su parte, el Gobierno español tiene decidido qué hará si la Cámara vasca da el visto bueno a la iniciativa de Ibarretxe. Las razones del rechazo del Gobierno a esa consulta son conocidas: no está en el marco de la Constitución.

Por ello, en el supuesto de que el Parlamento vasco apruebe la ley que pretende regular esa consulta, el Gobierno interpondrá de forma inmediata un recurso de inconstitucionalidad y se acogerá al precepto de la Constitución que prevé la automática suspensión de la disposición autonómica.

Ibarretxe no sólo se enfrenta a la oposición frontal del Gobierno español a su propuesta. El último euskobarómetro, realizado entre el 2 y el 20 de mayo pero conocido hace unos días, se saldó con sólo un 24% de ciudadanos vascos consultados que apuesta por continuar con el proceso sea como sea.

Frente a este dato, un 55% opina que la consulta generará "más división e inestabilidad" y un 70% pide a Ibarretxe consensuar al menos con los socialistas vascos el proyecto o, de lo contrario, que lo retire.

Mientras, tanto el tripartito como socialistas y populares permanecen atentos a lo que finalmente decidan los nueve parlamentarios del PCTV-EHAK, si apoyan o no la propuesta del lehendakari y, en caso afirmativo, si el propio Ibarretxe hará uso del respaldo de la formación radical para seguir adelante con su planteamiento soberanista.

Hasta que comience el pleno en la Cámara de Vitoria, el resultado de la votación es de 33 síes por parte de los parlamentarios del PNV, EB, EA y Aralar, y 33 noes de PSE-EE y PP.