Aprobada a principios de este año por el Gobierno vasco, la ley persigue el reconocimiento ético y político de las víctimas, "en un grado como nunca se había hecho hasta la fecha en una norma con rango legal en el Estado español", según el proyecto presentado en su día por el Ejecutivo vasco.

El proyecto es consecuencia directa del Plan de Paz y Convivencia aprobado por el Consejo de Gobierno en mayo de 2006, que recogía la necesidad de elaborar un texto legal con una doble dimensión: "la estrictamente material o asistencial y la moral o política".

Entre otras cosas, en el texto se catalogan los derechos de las víctimas del terrorismo y se establece que las instituciones vascas deberán respetar en su actuación diaria el derecho de las víctimas del terrorismo y del conjunto de los ciudadanos a la paz, la verdad y la memoria, la dignidad, la justicia y la reparación de las consecuencias de los atentados terroristas.

Asimismo, recoge de forma pormenorizada el conjunto de medidas que integran el sistema de protección y asistencia previsto para las víctimas.

La Administración Pública vasca asume la obligación de reparar todos los daños materiales, sin excepción, que se deriven de la acción terrorista.

Pero además de las reparaciones materiales, el proyecto incluye un catálogo de medidas en el ámbito de la salud física y psicológica, la enseñanza, la formación en general o el empleo, y contempla además medidas de discriminación positiva, especialmente en los ámbitos de la vivienda y la función pública.

Se reconoce a las organizaciones y asociaciones de víctimas como mediadoras entre éstas, consideradas individualmente, y la Administración. En ese sentido, establece para la Administración la obligación de fomentar la actividad de las organizaciones y asociaciones, debido a la labor que realizan.

La ley crea un sistema de protección a las víctimas con vocación de reparar todos los daños que, por su naturaleza, puedan ser reparables, y contempla un plan asistencial que abarca muy variados aspectos vitales y que compromete a prestaciones concretas a casi todos los departamentos del Gobierno vasco.