Dicho documento pretende fijar la posición de la eurocámara respecto a la propuesta de directiva de la Comisión que propugna la supresión de restricciones al uso de redes de cable, abriéndola a servicios de telecomunicaciones que no sean exclusivamente la TV.

El informe se pronuncia a favor de eliminar obstáculos a la liberalización, pero advierte de la necesidad de aclarar antes qué se entiende en la Unión Europea por servicio público, y de hacer una definición que n subestime la importancia de las funciones que tiene este servicio y las obligaciones que se derivan de él.

Asimismo, la iniciativa del eurodiputado plantea su oposición a una liberalización unilateral que afecte sólo al sector de las telecomunicaciones, ya que una medida así daría a los operadores de cable posibilidades de competencia desiguales.

También recuerda que la directiva propuesta por la Comisión supone una anticipación de la plena apertura del mercado prevista para el 1 de enero de 199, por lo que su aplicación exigiría una coherencia entre la liberalización que se avecina y la regulación del servicio universal.