El texto, negociado con el Consejo, promueve el retorno voluntario, introduce normas comunes para el retorno de inmigrantes irregulares procedentes de países no comunitarios y establece estándares mínimos para la retención temporal.

Asimismo, fija los periodos máximos de internamiento, e introduce un enfoque común para la prohibición de reingreso en la UE.

Tras casi tres años de negociaciones, la Eurocámara ha aprobado, por 369 a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, una directiva que en palabras del ponente, Manfred Weber (PPE-DE, Alemania), es el primer paso adelante hacia una política de inmigración común.

Así, los Estados deberán legalizar a los inmigrantes o pedirles que se vayan, para lo que se dará un periodo de salida mínimo de siete días.

Si no se van, tendrán que expulsarlos, pero con garantías jurídicas y primando los intereses del menor y las familias. La retención se limita a un máximo de 6 meses, que puede extenderse en ciertos casos hasta 12 meses más.

Además, los países de la UE tendrán que proporcionar asistencia legal a los inmigrantes sin recursos, en función de las distintas legislaciones nacionales.

Los Estados miembros de la UE tienen 24 meses para adaptarse a la nueva legislación, que apenas obligará a España a modificar sus normas.

Los eurodiputados se opusieron a las propuestas de los grupos Verdes y de Izquierda Unitaria Europea de rechazar el texto en su integridad por 114 a favor, 538 en contra y 11 abstenciones.

También fueron rechazadas las enmiendas presentadas por el grupo socialista, que introducían modificaciones en puntos como el periodo máximo de retención, el retorno voluntario, la prohibición de reingreso y el plazo para dictar las órdenes de internamiento.

La directiva, cuya aplicación está prevista en 2010, no interfiere en la legislación europea sobre asilo. Se aplicará a nacionales de países no comunitarios que se encuentren en situación ilegal en un Estado miembro y que no se encuentren amparados por la solicitud de residencia o de asilo.