La propuesta fue aprobada con los votos a favor del grupo de Convergència i Unió (CiU), PSC, PP y Esquerra Republicana (ERC) y el voto en contra de Iniciativa per Catalunya (IC).

El aval se destinará a pagar las indemnizaciones a los más de 300 trabajadores del centro que se vieron afectados por la reducción de plantilla. En este hospital, que cuenta con 75.000 socios, trabajaban 800 personas antes de presentar la suspensión de pagos.

El consejero e Economía y Finanzas de la Generalitat, Macià Alavedra, defendió en la sesión de hoy del Parlamento la concesión de los 2.000 millones al centro como una parte integrada en el proyecto de ley de ampliación de crédito público de la Generalitat para 1993.

Alavedra recordó el deterioro progresivo de la economía catalana desde 1992, con sus máximos exponentes en la caída del sector industrial y la regresión de la ocupación, y en este sentido justificó la necesidad de que las empresas reciban créditos y aales de la Generalitat a través del Institut Català de Finances.

El grupo de Iniciativa, que votó en contra de la concesión, presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley y su diputada Imma Mayol criticó la propuesta del titular de Economía en su turno de intervenciones, porque, en su opinión, el Hospital General de Cataluña es una empresa con "una viabilidad más que dudosa, tanto en la actualidad como en el futuro".

Según explicó, la ayuda es "una solución financiera que desnaturalizala concesión de un aval, ya que cuando se concede desde el sector público debe haber el máximo de garantías de que ayudará a superar un problema empresarial".