"Sería ridículo aplicar esta definición (la de Ginebra) a los casi tres millones de refugiados ruandese y comprobar uno por uno si realmente ha existido temor fundado de persecución". "Felizmente, los países africanos disfrutan de otro convenio mucho más liberal y, por tanto, más humanitario", agregó.

El responsable explicó que la convención africana permite "que baste que las personas salgan de su país forzosamente para ser refugiados y ampara a los que huyen del hambre, de la guerra, de la persecución por violación de derechos humanos", mientras que los países europeos exigen que se acredite haber saido del país de origen por un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, opinión política o grupo social.

ESPAÑA "SE HA PUESTO LAS PILAS"

Da Cunha, que abandonará después de cuatro años su cargo al frente de la oficina española del ACNUR el próximo mes de noviembre, añadió también, en relación con la tragedia ruandesa, que la solidaria respuesta de la sociedad española ha presionado "al Gobierno español a ponerse las pilas, ya que no tenía previsto desempeñar un papel tan activo com el que está haciendo".

A su juicio, los gobiernos occidentales han reaccionado tarde a la tragedia de Ruanda, "pero es la regla general". Si se hubiera actuado con rapidez, "se podría haber atenuado su dimensión y la cantidad de muertes que se han producido".

Y había razones, en su opinión, para tener previsto el conflicto, "ya que no era la primera vez que hutus y tutsis se enfrentan. Tenemos que hacer una autocrítica de la comunidad internacional, las Naciones Unidas y las ONGs".

EL ACNUR ENESPAÑA

Respecto al papel que cumple una oficina como la que dirige en España, Da Cunha indicó que la función principal es la de "servir como interlocutor de las autoridades españolas en materia de la situación de los refugiados en el mundo y desarrollar una actividad de promoción de los objetivos del ACNUR, a través de la asociación que hemos creado `España con ACNUR'".

ACNUR también desempeña "una actividad que nos pidió el legislador español, relacionada con la nueva ley de asilo en España", y ue consiste en examinar los expedientes de solicitud de los refugiados que no son aceptados para informar luego a las autoridades españolas. Una actividad cuya constitucionalidad está siendo cuestionada, "pero no es nuestro problema", matizó.

"Esta participación", dijo, "es benéfica para el Gobierno español, que tiene poca experiencia con los refugiados y hay muy pocos, y para el ACNUR, pero no creo que sea definitiva ni eterna. Es una contribución provisional hasta que un día España tenga organizacioes no gubernamentales que puedan hacer este trabajo".