Sozialista Abertzaleak es oficialmente ilegal por sentencia de la Sala II del Tribunal Supremo, pero Atutxa se niega a cumplirla argumentando conflicto de competencias entre el alto tribunal y la Mesa del Parlamento.

Finalmente, el Ejecutivo no se ha atrevido a penar la desobediencia a los tribunals, algo que en medios gubernamentales consultados por Servimedia se consideraba "una barbaridad" con repercusiones más allá del problema vasco. Sin embargo, sí introduce nuevos tipos penales que vienen a criminalizar la contumacia de Atutxa en el tiempo.

Una de las enmiendas que el Grupo Popular del Senado va a presentar hoy al proyecto de Ley orgánica complementaria de la Ley de Arbitraje, por la que se modifica a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), incorpora el nuevo artículo 576 bis del Código enal, que queda como sigue:

"La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta Sección, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de lectores que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos partidos políticos disueltos o suspendidos será castigado con la pena de tres a cinco años de prisión".

En el caso de Atutxa, sería penado con cinco años porque se impone la pena superior en grado a la autoridad o funcionario "que continuase con cualquiera de las conductas previstas en este artículo una vez requerido judicial o administrativamente para que cese en las citadas conductas".

Según fuentes próximas al Gobierno, esto supne si Atutxa insiste en su negativa a cumplir la sentencia del Supremo contra Sozialista Abertzaleak (SA), manteniéndole no sólo subvenciones sino secretarias y locales en sede parlamentaria, puede ser encausado en enero próximo, bien por querella o por actuación de la Fiscalía.

PENA HASTA POR COLABORAR EN REFERENDUM

Con vistas al futuro, y si el "lehendakari", Juan José Ibarretxe mantiene su amenaza de referéndum de libre asociación, se introducen en el Código Penal otros dos nuevos artículos: el 56 bis, con penas de tres a cinco años de cárcel para la autoridad que convoque, y de uno a tres años para los cargos públicos y funcionarios que le ayuden; y el 521 bis, con penas de seis meses a un años para quienes sean "interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización (la del referéndum)".

Dentro de esta nueva ofensiva del Ejecutivo de José María Aznar, se incluye una reforma específica de la LOPJ que actualmente se tramita en el Congreso, para incrementar en un 25% los fiscales en laAudiencia Nacional.

Asimismo, se abrirá en la Audiencia Nacional una Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo para que se cumpla la obligación legal de informarlas sobre la situación penitenciaria de los condenados que salen en libertad. Se trata de que ninguno salga sin haber resarcido las indemnizaciones correspondientes, como marca la ley, o sin arrepentimiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, José María Michavila no ha descartado la cración de un séptimo juzgado de instrucción, pero ha dicho que por ahora se introducirá de un cuarto magistrado en cada una de las cuatro secciones para dar salida a las causas judiciales.