Los principales destinatarios de esta iniciativa son Partido Popular y Partido Socialista que, junto al Gobierno, ratificaron hoy en a comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo un paquete de medidas destinadas a garantizar la seguridad de sus concejales y cargos públicos, según el documento acordado, al que tuvo acceso Servimedia.

En la reunión, a la que asistieron por parte del Gobierno el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, se acordó la presentación de una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para modificar seis normasen vigor: la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Para que los partidos amenazados por el terrorismo puedan empezar a cobrar las ayudas del Estado a partir del próximo año en compensación por sus gastos de seguridad, PP y PSOE deberán elaborar un informe riguroso de los gastos derivados de esta circunstancia con el objetivo de establecer criteros de rigor y transparencia en las dotaciones. Asimismo, se impedirá que cualquier organización que ampare, justifique o respalde acciones terroristas tenga acceso a subvenciones públicas.

DISOLVER AYUNTAMIENTOS

Una de las principales novedades es la capacidad que, mediante modificación del artículo 183 de la LOREG, PP y PSOE quieren dar al Consejo de Ministros para "disolver" aquellos Ayuntamientos que "adopten acuerdos o desarrollen actuaciones tendentes a dar cobertura o a justificar el terrorism, o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, o menosprecien a las víctimas o a sus familiares".

Para ello, el Gobierno deberá informar de su decisión previamente al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente y deberá recibir el visto bueno del Senado. La Diputación Provincial se hará cargo del gobierno de dicha localidad hasta la celebración de las siguientes elecciones municipales.

Asimismo, populares y socialistas reformarán el Código Penal para castiar con una pena de prisión de "seis meses a un año" a quienes calumnien, injurien, coaccionen, amenacen o impidan el libre acceso de los concejales a los plenos.

La reforma de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado permitirá que los policías locales o autonómicos que desempeñen tareas de escolta puedan salir, acompañando a su protegido, fuera sus ámbitos territoriales.

IMPEDIR QUE GOBIERNE BATASUNA

El pacto adoptado entre PP y PSOE incluye un "compromiso" para impedir que Batasuna obierne en los Ayuntamientos del País Vasco y Navarra, así como impedir que los concejales que se niegan a condenar el terrorismo lleguen a asumir cualquier tipo de responsabilidad.

Los cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitará que los ayuntamientos puedan personarse en los procesos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de fuerzas políticas democráticas por apología de terrorismo. Igualmente, se pretende impedir en las corporaciones locales con mayoría de fueras democráticas que los concejales que no condenen el terrorismo ostenten ningún tipo de responsabilidad municipal fuera de su condición de edil.

El acuerdo prevé la sustitución de concejales cuando se agote una lista municipal. Así, se suprimirá la obligatoridad de presentar tres suplentes en las listas y, en caso de que se presenten, los partidos podrán incluir 10 nombres, y no 3, como está establecido en la actualidad. Si la candidatura oficial se agota, incluidos los suplentes, las vacantes podráncubrirse a propuesta del partido representado.

Además, se eliminará el requisito de residencia para los interventores electorales, de manera que los partidos puedan designar interventores de otras circunscripciones distintas a las que pertenezcan como electores y mejorar así los mecanismos de "control" del proceso electoral en el País Vasco.

INELEGIBILIDAD DE CONDENADOS

PP y PSOE pactaron también que ninguna persona condenada, incluso cuando la sentencia no sea firme, por delitos de rebeldía cotra las instituciones del Estado o de terrorismo puedan presentarse a unas elecciones y ser elegidas, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

El Gobierno está seguro de la constitucionalidad de esta norma, pues ya se aplica el mismo criterio para las personas condenadas por delitos de sangre, aún cuando la sentencia no sea firme. Tampoco los administradores electorales podrán ser personas condenadas por los dos supuestos citados anteriormente.

Otro importante aspcto del acuerdo es la nueva regulación de las subvenciones por gastos electorales, de manera que queden excluidos todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que con su actividad promuevan, alienten o justifiquen el terrorismo o humillen a las víctimas. Esta es una norma complentaria de la establecida en la Ley de Partidos Políticos, que sólo limita la financiación a las organizaciones con forma jurídica de partido.

La retirada de subvenciones tendrá que adoptarse a iniciaiva de la institución pagadora, que en unos casos puede ser el Estado, o la comunidad autónoma o las diputaciones forales. En caso de que el gobierno autónomo se resista a la aplicación de esta norma, PP y PSOE presentarán iniciativas en ese sentido en el Parlamento vasco o en las instituciones correspondientes.