Aunque no habrá una declaración conjunta de los integrantes d la comisión de seguimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en contra del "desafío" del 'lehendakari', tienen previsto analizar esta cuestión y el último comunicado de la organización terrorista ETA, en el que apuntaba como objetivo militar a las sedes y los actos de populares y socialistas.

El principal objetivo de la reunión es aprobar un paquete de medidas destinadas a proteger la vida de los concejales en el País Vasco y garantizar su seguridad, entre las que destaca la creació de un fondo económico con una partida inicial de 3 millones de euros.

Estas iniciativas quedarán incluidas dentro de una proposición de ley, elaborada conjuntamente por PP y PSOE, que implicará la modificación de seis leyes durante el trámite parlamentario para su posterior entrada en vigor.

Las medidas asignarán más recursos económicos públicos a los partidos objeto de amenaza terrorista e impedirán que cualquier organización que ampare, justifique o respalde acciones terroristas tenga acceso asubvenciones públicas.

Asemás, se modificará la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de manera que los policías locales o autonómicos que desempeñen tareas de escolta puedan salir, acompañando a su protegido, fuera sus ámbitos territoriales.

El Partido Socialista ha emplazado al resto de los grupos parlamentarios a sumarse a la proposición de ley durante el trámite en el Congreso y presentar las enmiendas necesarias para mejorarla. "Queremos demostrar que nuestras decisiones no son ecluyentes y cualquier grupo parlamentario puede hacer sus aportaciones", indicaron las fuentes consultadas.

MAS DINERO

El Pacto Antiterrorista asignará más medios económicos a los partidos que necesitan especiales condiciones de seguridad y que, a causa de ello, incurren en gastos adicionales en el desarrollo de su actividad política en la Comunidad Vasca y Navarra.

PP y PSOE deberán elaborar un informe "riguroso" de los gastos derivados de esta circunstancia y se destinará una partida presupuetaria específica para cubrir sus necesidades. Esta medida será de aplicación en los Presupuestos Generales del Estado de 2003. Ambos partidos consideran que al tratarse de dinero público, deben establecerse criterios de rigor y transparencia en las dotaciones.

Se abordarán cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que los ayuntamientos puedan personarse en los procesos penales derivados de delitos o faltas cometidos contra concejales de fuerzas políticas democráticas por apología de terrrismo. Igualmente, se pretende impedir en las corporaciones locales con mayoría de fuerzas democráticas que los concejales que no condenen el terrorismo ostenten algún tipo de responsabilidad municipal fuera de su condición de concejal.

El acuerdo prevé la tipificación como delito de las acciones que impidan a los ediles acceder a los ayuntamientos y se establecerá una nueva normativa para la sustitución de concejales cuando se agote una lista municipal. Así, se suprimirá la obligatoridad de presentartres suplentes en las listas y, en caso de que se presenten, los partidos podrán incluir 10 nombres y no 3, como está establecido en la actualidad. Si la candidatura oficial se agota, incluidos los suplentes, las vacantes podrán cubrirse a propuesta del partido representado.

Además, se eliminará el requisito de residencia para los interventores electorales, de manera que los partidos puedan designar interventores de otras circunscripciones distintas a las que pertenezcan como electores y mejorar así ls mecanismos de "control" del proceso electoral en el País Vasco.

INELEGIBILIDAD

PP y PSOE promoverán también que ninguna persona condenada -incluso cuando la sentencia no sea firme- por delitos de rebeldía contra las instituciones del Estado o de terrorismo pueda presentarse a unas elecciones y ser elegida, mediante la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

El Gobierno está seguro de la constitucionalidad de esta norma, como ya existe de una manera similar para las persoas condenadas por delitos de sangre, aun cuando la sentencia no sea firme. Tampoco los administradores electorales podrán ser personas condenadas por los dos supuestos citados anteriormente.

Otro importante aspecto del acuerdo es la nueva regulación de las subvenciones por gastos electorales, de manera que queden excluidos todos los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que con su actividad promuevan, alienten o justifiquen el terrorismo o humillen a las víctimas. Esta es una orma complementaria de la establecida en la Ley de Partidos Políticos, que sólo limita la financiación a las organizaciones con forma jurídica de partido.

La retirada de subvenciones tendrá que adoptarse a iniciativa de la institución pagadora, que en unos casos puede ser el Estado, o la comunidad autónoma o las diputaciones forales. En caso de que el gobierno autónomo se resista a la aplicación de esta norma, PP y PSOE presentarán iniciativas en ese sentido en el Parlamento vasco o en las institucions correspondientes.