La Fiscalía afirma que, "bajo la apariencia de una iniciativa política de modificación estatutaria, se oculta un verdadero objetivo de desbordamiento del sistema constitucional y de ruptura con la legitimidad estatuaria ahora vigente", y defiende que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es competente para resolver el recurso interpuesto por la Diputación alavesa.

"La propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi", señala la Fiscalía, "es la más genuina expresión de una estrategia jurídica de camuflaje" en la que el Gobierno vasco hace un "uso fraudulento de sus facultades legales y se aparta de forma deliberada del procedimiento de reforma (estatutaria)".

La Diputación Foral de Alava nterpuso el 29 de octubre un recurso contencioso-administrativo contra el mencionado acuerdo por considerar que "presenta vicios esenciales en el procedimiento, falta de competencia del Gobierno vasco, disconformidad de la propuesta con la legalidad y el ordenamiento jurídico vigente".

Aunque el ministerio fiscal entiende que los tribunales de justicia no pueden indagar en el "qué, el cuándo o el porqué" de una iniciativa política de reforma estatutaria, añaden que si les compete el "cómo", es decir l forma de llevar a cabo el proyecto.

En este sentido, señala que "el respeto a los propios mecanismos legales de la reforma y, sobre todo, la exigencia de un presupuesto competencial, son absolutamente indispensables para su legitimidad constitucional".

El escrito de la Fiscalía afirma que el "Plan Ibarretxe" infringe, entre otros decretos, las leyes Orgánicas del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ministerio Fical.

"La 'Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi' que realiza el Consejo de Gobierno Vasco, va mucho más allá de la reforma del actual Estatuto de Autonomía -que es para lo que aquél estaría legalmente facultado-, adentrándose en la reforma de la Constitución española, cuya vigencia pretende fragmentarse territorialmente, propugnando su arbitraria aplicación a una parte del territorio español", asegura el informe de la Fiscalía.