Esos terrenos, al cerrarse las líneas, siguieron siendo propiedad de la compañía ferroviaria y las operaciones de compra-venta que hicieron con ellos estuvieron a cargo de la intermediaria Corta de Chapina, sociedad participada a su vez por Equidesa, filial de RENFE.

"Por otro lado", señala el PA en la proposición no de ley, "es evidente que los responsables políticos y gestores de las operaciones de Sevilla son los mismos que los de la localidad madrileña de San Sebastian de los Reyes, done ya es incontrovertible el irregular proceder de los mismos".

Todo ello, con independencia del "affaire" que supone para la ciudad, y cuya responsabilidad política está por determinar, el acuerdo entre Renfe, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, en virtud del cual, dicen los andalucistas, "se han perdido los derechos de reversión a la ciudad de los terrenos desafectados por el uso ferroviario".

Esta nueva comisión que solicita el PA, se uniiría a la que ya está en marcha en el Conreso de los Diputados para investigar lo sucedido en San sebastian de los Reyes, y ante la cual comparecieron hoy el ex director de planificación urbanística de la Comunidad de Madrid (CAM), Félix Arias, y dos socios de Maopsa, firma implicada en la compra-venta de terrenos en la localidad madrileña.

A su salida, Arias dijo a los periodistas que él nunca supo nada de las supuestas irregularidades cometidas por Renfe "y en las relaciones que he tenido con Mangada y con Leguina, ninguno de los dos me ha dado a entender que supieran nada de ese asunto".

"Poco afecta a lo que se iba a hacer (la línea férrea entre San Sebastian y Alcobendas) el hecho de que Equidesa hubiera comprado o no (los polémicos terrenos). Ahí se iba a expropiar siempre. Esos terrenos se hubieran expropiado (para la línea férrea) como otros cualesquiera".