El Gobierno autonómico pretende consensuar un documento base, que presentará al Parlamento andaluz, con los consumidores, regantes, municipios, grupos ecologistas y sindicatos, por el que se regirá la política futura sobre el agua en la comunidad.

Sin embargo, los nacionalistas del PA consideran que "el Pacto Andaluz porel Agua no podrá llevarse a cabo si la Junta no posee el poder político sobre el agua, puesto que no tendrá una total decisión sobre los recursos hidrológicos".

Las cuatro confederaciones hidrográficas de Andalucía están dirigidas por el Ministerio de Obras Públicas. En el Estatuto de Autonomía de Andalucía se reconoce el derecho del Gobierno regional a disponer de esas competencias que aún no han sido transferidas.

El caso más peculiar es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que en un91% está situada en Andalucía, aunque comparte un tramo del río con Castilla-La Mancha, lo que podría provocar algún conflicto competencial en una hipotética transferencia a la Junta de Andalucía.

El PA estima que desde el punto de vista constitucional "no habría problemas para la transferencia" de la citada confederación.

Esta formación política acusa al Gobierno de Manuel Chaves de "falta de poder político en Madrid para requerir el traspaso de las confederaciones hidrográficas, mientras otras omunidades autónomas superarán en breve el techo competencial".

Aunque a juicio de los andalucistas las conversaciones previas a la elaboración del documento base del futuro Pacto Andaluz sobre el Agua "van por muy buen camino, es impensable que se pueda llevar a cabo si no se pueden gestionar las confederaciones".

Asimismo, los andalucistas exigen del Gobierno andaluz estar presentes en las negociaciones previas a la elaboración del documento base, "porque no podremos dar nuestro voto a favor o n contra sin saber realmente qué opinan los usuarios, regantes y grupos ecologistas".