Concretamente, Arnaldo Otegi deberá comparecer mañana, miércoles, junto con Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufino Etxebarria.

Otegi y Etxebarria son dos de los seis integrantes de la "comisión negociadora" que la ilegalizada Batasuna presentó el pasado 24 de mayo, con vistas a participar en el proceso de paz que pueda abrirse tras la declaración de alto el fuego por parte de ETA.

El próximo jueves está previsto que declaren como imputados Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez.

En un auto fechado el pasado 19 de mayo, el juez les había citado a petición del fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral, en relación a la designación de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, presentada públicamente en un acto que tuvo lugar el pasado 24 de marzo en Pamplona.

Para el Ministerio Público, dicho acto contraviene el auto por el que Grande-Marlaska decretó el pasado 17 de enero la suspensión de las actividades del partido de Otegi por dos años más, en el marco del sumario 35/02, sobre la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas" y sobre la presunta relación de Batasuna con la banda terrorista ETA.

Sin embargo, en un auto dictado el viernes 26 de mayo, el juez acordó ampliar la imputación contra los dirigentes "abertzales" citados. En su resolución señala que, tras la designación de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, se han producido una serie de hechos que revisten los caracteres de delito.

DECLARACIONES DE PERMACH

Se refiere a la creación de la citada "comisión negociadora" de Batasuna y las declaraciones realizadas el 25 de mayo por Joseba Permach, quien advirtió de que si alguno de los que están citados esta semana en la Audiencia Nacional es encarcelado, "el proceso (de paz) va a entrar en una situación de bloqueo cuyas consecuencias tendrá que medir el Estado español".

El magistrado pone estos dos últimos capítulos en relación con la entrevista concedida por miembros de la banda terrorista ETA al diario "Gara" el pasado 14 de mayo.

A juicio de Grande-Marlaska, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de amenazas terroristas, "al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".

En el auto de ampliación, el juez señala que de la investigación se deduce que "Batasuna es el frente político-institucional de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN-Batasuna", y recuerda que las ocho personas citadas están imputadas por un presunto delito de integración en organización terrorista.

Precisamente, en el marco del sumario 35/02, Grande-Marlaska ya tomó declaración el pasado mes de marzo como imputados a Otegi y a varias personas más, en relación a los 108 actos violentos ocurridos durante la huelga del pasado 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, convocada por Batasuna.

Entonces, el juez decretó la prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros para Otegi, y de 200.000 euros tanto para Juan María Olano, ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, como de Juan José Petrikorena, dirigente de Batasuna, que tardaron nueve días en depositar el dinero.

El magistrado también tomó declaración entonces al líder de LAB, Rafael Díez Usabiaga, y al dirigente de Batasuna Pernando Barrena, y acordó su libertad bajo fianza de 100.000 euros para el primero y de 200.000 para el segundo.

PRIMERA COMPARECENCIA

Fue el 25 de mayo de 2005 cuando Arnaldo Otegi compareció por primera vez como imputado ante Grande-Marlaska en relación a este sumario y el juez decretó su ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 400.000 euros, dinero que el portavoz de la ilegalizada Batasuna depositó dos días después.

En el caso abierto contra Batasuna se encuentran procesadas más de 40 personas por integración en organización terrorista. Entre ellas están Otegi y Álvarez, así como José Antonio Urrutikoetxea, alias "Josu Ternera", Jon Salaberría y Joseba Permach.