En declaraciones a Servimedia, López-Muñoz dijo que se trata de una decisión ue entra dentro de la normalidad y demuestra que hay un sistema de recursos para garantizar que el proceso judicial cumple las garantías constitucionales.

"Si el juez instruye mal al jurado, como es el caso", precisó, "si no le hace las preguntas como le corresponde y si además hay presión social o coacción al jurado, yo creo que la sala de apelaciones ha cumplido su cometido".

El presidente de la Asociación Pro-Jurado agregó que, si se da por hecho que han existido presiones, es motivo suficient para que el nuevo juicio se traslade a otra localidad mediante la solicitud de un cambio de jurisdicción, lo que está en manos de la Audiencia Provincial donostiarra.

"Lo ideal sería que lo intentara de nuevo (la Audiencia Provincial de San Sebastián)", indicó, "pero con el clima que se vive allí y con una declaración del Tribunal Superior de Justicia diciendo que ha habido coacciones es indicio suficiente para un cambio de jurisdicción".