Según el mencionado escrito, entregado hoy en el Registro de Estrasburgo, la POSC elev su queja de "la gravísima situación de incumplimiento de las mínimas obligaciones sociales previstas en la normativa de las Comunidades Europeas" por parte del Ejecutivo cántabro.

A continuación señala que las organizaciones sociales son objeto de brutales recortes presupuestarios derivados de desvíos de fondos hacia otros objetivos que el Gobierno de Cantabria considera más importantes.

"Quedan aún pendientes de cobrar subvenciones de 1991 a una veintena de asociaciones sin ánimo de lucro que pestan servicios a colectivos de mujeres, infancia, minusválidos, minorías étnicas y otros grupos, por valor de unos 120 millones de pesetas", señalan las organizaciones afectadas.

En los presupuestos económicos de 1992, presentados el pasado día 10, se reducen en un 68 por ciento las acntidades asignadas en el anterior ejercicio a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en servicios sociales, y aún así, hasta la fecha ninguna de ellas ha recibido una peseta de las que les correspondan.

"La inmensa mayoría de los programas de servicios sociales existentes han quedado paralizados", según las mismas fuentes, que afirman que la Diputación Provincial no firma convenios para mentener los servicios de ayuda domiciliaria.

También aseguran que casi todos los ayuntamientos se ven obligados a sufragar con sus propios fondos las Unidades Básicas de Acción Social por la inexistencia de aportaciones económicas del Gobierno regional.

Situaciones similares se producen en los ámbitos de atenció a minusválidos, protección a las mujeres y a las minorías étnicas y los centros de menores, todos ellos en estado de precariedad por la dramática situación descrita.

Por último, las organizaciones señalan que la campaña de recogida de firmas para solicitar un cambio en la actitud de las autoridades autonómicas, celebrada el pasado mes de enero y secundada por 24.000 personas, no ha servido para que el Gobierno regional cumpla sus obligaciones, a pesar de que tanto el estatuto de autonomía como la Leyde Acción Social le asignan competencias inequívocas al respecto.