Según estas organizaciones, numerosos puntos deben ser revisados y mejorados en esta última fase para obtener un Pepac que sea justo con los agricultores que dependen de esta política, que promueva la sostenibilidad de la actividad agraria y del desarrollo rural, y que garantice alimentos saludables para el conjunto de la población.

Las ONG indicaron que el Miteco se encuentra ante la última oportunidad "para corregir los elementos del PEPAC que impactan negativamente en el medio ambiente y en nuestra salud", incluyéndolos en la Declaración Ambiental Estratégica que traslade al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

A su juicio, el Pepac debe ejercer de herramienta que ayude al sector agrario a abordar grandes retos como la mitigación al cambio climático (único sector que incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero un 2,3 % entre 2019 y 2020) y la contaminación del agua por nitratos (con la reciente apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea); y aseguraron que deben reforzarse y definirse con mayor ambición los aspectos positivos del Pepac alineados con los objetivos del Pacto Verde y las Estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030, e impulsar la necesaria y urgente transición agroecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles.

Otro de los aspectos criticados por las ONG es que la EAE no analiza el impacto de la llamada ‘Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad y el Pago Redistributivo’ (para la viabilidad económica de las explotaciones), aunque suponen el 45 % del presupuesto total de la PAC y se le presupone un 40 % de contribución a objetivos ambientales y climáticos por la vía de la condicionalidad. En este sentido, explicaron que el nuevo plan perpetúa el sistema basado en derechos y referencias históricas, “injusto para los productores en fincas de Alto Valor Natural e insostenible para el medio ambiente”, al primar más a los modelos que en su momento aplicaron un enfoque de mayor intensificación en las zonas más productivas.

CONDICIONALIDAD

En lo relativo a la condicionalidad (cumplimiento de la normativa ambiental y las buenas condiciones agrarias y medioambientales), las organizaciones aseguraron que el PEPAC tampoco enmienda la “escasa ambición ambiental plasmada en los Reglamentos Europeos”, que siguen sin incluir parte del articulado de la normativa ambiental que atañe al sector agrario. “Aunque se han incorporado parcialmente las prácticas heredadas del ‘greening’ (anteriores pagos verdes), existen de nuevo numerosas excepciones e indefiniciones”, argumentaron.

Las ONG ambientales también alertaron de que el sistema de vigilancia y sanción propuesto no aumenta los controles sobre el terreno, ni plantea penalizaciones eficaces, pese a los crecientes incumplimientos. A su juicio, debería complementarse cruzando la información sobre sanciones administrativas y delitos ambientales, “para un uso más eficiente del dinero público”.

Sobre los ‘ecoesquemas’ (nuevos pagos verdes), las organizaciones se mostraron especialmente preocupadas por el de siembra directa, denominado “agricultura de conservación”, al implicar el uso de herbicidas de amplio espectro, con impacto probado sobre la salud de las personas y la biodiversidad. A su vez, tampoco se mostraron convencidas en que los ecoesquemas en tierras de regadío vayan a recibir tres veces más dinero por hectárea que en tierras de secano ni que sobre una misma hectárea sólo pueda cobrarse por una práctica, lo que desmerece a los Sistemas de Alto Valor Natural en los que se aplican múltiples prácticas beneficiosas para la naturaleza.

AYUDAS SECTORIALES

En cuanto a las ayudas sectoriales, lamentaron que no se ha realizado una evaluación independiente de cada una de las intervenciones que forman cada programa y que precisan grandes mejoras, conforme al 11 % del presupuesto del primer pilar, para reducir los numerosos impactos ambientales negativos según el propio Estudio Ambiental Estratégico, como el elevado consumo de agua e insumos ligado al sector de frutas y hortalizas.

Una situación similar ocurre, opinaron, con las ayudas asociadas a la producción (14 % del presupuesto del primer pilar) para las que, además, “no se plantean medidas preventivas, correctoras ni compensatorias en el Estudio de Impacto Ambiental”.

En concreto, indicaron que no se garantiza que las producciones más intensivas auxiliadas (cebo de terneros, cultivo de remolacha, arroz y tomate de industria) reduzcan sus impactos, como la dependencia externa de recursos naturales procedentes de la deforestación (como la soja importada) o el excesivo consumo de agua, agroquímicos y energía. “Resulta prioritario reducir el uso de fertilizantes sintéticos y los purines provenientes de la ganadería industrial ante la contaminación de agua por nitratos de España y el incumplimiento de la correspondiente Directiva que ha denunciado la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE”, explicaron.