Las propuestas del CERMI pretenden que se consideren prioriarias las acciones de empleo en favor de las personas con discapacidad y la igualdad de trato y que las asociaciones representativas de este sector estén presentes en los órganos de participación de los Sistemas Públicos de Empleo.

Respecto a la adopción de acciones que favorezcan el acceso de los discapacitados al mercado laboral, el Comité recuerda que la vigente Ley Básica de Empleo establece una prioridad específica hacia el empleo de los minusválidos, pero considera que la redacción de este artíclo (la normativa actual data de 1980) requiere una actualización.

Por ello, propone que el artículo 26 del proyecto de ley recoja una prioridad específica para estas personas, incorporando un párrafo que señale textualmente que "las acciones de cualquier tipo dirigidas a las personas con discapacidad para facilitar la obtención de un empleo o para favorecer su contratación por empresas, incluidos los centros especiales de empleo, tendrán un tratamiento prioritario en la planificación y ejecución de lapolítica de empleo. Asimismo, dichas acciones tendrán en cuenta las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad".

Además, el CERMI considera necesario que la nueva ley incorpore las directrices que marca la directiva comunitaria relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y haga referencia explícita a las discriminaciones indirectas.

Las organizaciones del sector quieren que el articulado de la nueva norma señale textualmente que tampoco podrá existir discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad siempre que concurran las condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate".

Finalmente, el CERMI propugna la participación del movimiento asociativo en el sistema de empleo, para lo cual reclama la presencia de las organizaciones en los órganos que elaboran los planes nacionales de acción para el empleo y las políticas sectoriales.