En una carta enviada a Jacques Barrot, representante de la Comisión de Justicia, Libertad y seguridad del Parlamento Europeo y a todos los representantes permanente de los Estados Miembros de la UE, los máximos responsables de esas organizaciones llaman la atención sobre "algunos puntos críticos de la propuesta", con objeto de que sean observados "cuidadosamente cuando se produzca la votación del texto".

Estas cuatro entidades, que representan a Iglesias de toda Europa (anglicana, ortodoxa, protestante y católica) y a organizaciones cristianas especialmente involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes y refugiados, reconocen en la carta "la dificultad de alcanzar un compromiso sobre un tema tan controvertido entre los Gobiernos de los 27 Estados miembros y los miembros del Parlamento Europeo".

Además, valoran "los cambios introducidos en la última redacción acordada por el Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros en lo que respecta al acceso a la asistencia jurídica gratuita".

DECISIÓN EXTREMA

No obstante, señalan que, aunque "valoramos el intento de mejorar la propuesta de la Comisión respecto a la duración de la detención (artículo 14.1), nos preocupa profundamente que los Estados miembros puedan detener a personas durante un máximo de 18 meses (artículo 14.5)".

"Esto es inaceptable como procedimiento común de la UE", afirman. "Aunque se prevea una revisión de esta disposición, en cualquier caso, no queda claro qué periodo de tiempo se considera necesario, ya que tampoco está definido el concepto de ‘detención prolongada’".

A juicio de las cuatro organizaciones, la detención es "una sanción demasiado extrema para ser aplicada a personas que no han sido declaradas culpables por un tribunal por la comisión de un delito, y viola uno de los derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional, el derecho a la libertad".

Con relación a la prohibición de entrada de hasta cinco años prevista en el borrador de directiva, como una medida aparejada a las decisiones de retorno (artículo 9), las entidades firmantes denuncian que "esta prohibición equivale a una doble sanción, y cinco años es demasiado tiempo para considerarla justa".

Advierten asimismo sobre las "graves consecuencias" que puede tener "sobre el principio de no devolución, garantizado por la Convención de 1951 sobre los Refugiados".

La carta recuerda que "las Iglesias en Europa han expresado en varias ocasiones, de forma individual y también conjuntamente, su profunda preocupación por el creciente uso de la detención administrativa de inmigrantes a la espera de ser expulsados, en muchos países de Europa".

Por ello, "muchas Iglesias y organizaciones han resuelto rechazar la actual propuesta porque no tiene en cuenta la realidad de muchos migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los Estados miembros de la UE".