En una sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de la Cámara baja, los distintos partidos de la oposición acusaron de "autocomplaciente" al Gobierno en su evaluación de los tres primeros años tras la aplicación de la ley.

La diputada del Partido Popular Sandra Moneo se quejó de la "excesiva autocomplacencia" del Ejecutivo en el análisis de la norma, punto en el que coincidieron el resto de grupos.

En el turno de réplica, la dirigente popular afirmó que a su partido "no le gusta ni la aplicación ni la falta de recursos" que, a su juicio, dedica el Ejecutivo a la puesta en marcha de la norma. Por esta razón, y porque considera que la norma "no funciona", preguntó a Aído "si piensa reformar la ley".

Por su parte, la ministra se quejó de la "descalificación injusta" que, a su juicio, ha recibido la Ley Integral contra la violencia de género por parte de distintos grupos parlamentarios tras su presentación de un informe que analiza los tres primeros años de esta norma en España.

"AVANCES EN TODOS LOS ÁMBITOS"

Lamentó que, al criticar la gestión del Gobierno en este ámbito e incidir en la "desconfianza en el sistema", "se fortalece al maltratador y se aleja a la víctima de su protección", e insistió en que el informe "muestra un hecho objetivo e incuestionable": que "se han producido avances en todos ámbitos en los que trabaja la ley integral".

"Esto no implica", prosiguió, "que haya que mantener posturas autocomplacientes, sino críticas, porque hay que tener un diagnóstico claro de los elementos del engranaje que no han funcionado bien para definir nuevas estrategias para el futuro".

"Hay que desarrollar plenamente la ley, pero no podemos deslegitimarla, porque el avance es real. Todos los indicadores nos llevan a decir que todas las áreas en que trabaja la ley se han producido avances", sentenció.

Señaló la necesidad de tratar esta lacra "como un asunto público" y de "elevarlo a la categoría de política de Estado", pero recordó que ello "requerirá del consenso de todas las administraciones y partidos políticos".

Se quejó también de que se evalúe la eficacia de la norma "en función del número de muertes" y, en este sentido, pidió "el mismo trato para esta ley que para otras". "Nadie cuestiona la eficacia del Código Penal pese a que se sigan cometiendo delitos", continuó.

"Tenemos que recuperar el espíritu de consenso que nos llevó a aprobar la ley. Es la única senda posible para continuar en esta lucha", concluyó la ministra.