El PSOE destacó la independencia de la institución que dirige Múgica, mientras que el PP se quejó de que ningún miembro del Gobierno acudiera a su comparecencia en la Cámara Baja.

El Pleno del Congreso de los Diputados analizó hoy el contenido de la Memoria del Defensor del Pueblo, después de que fuera estudiada en la Comision Mixta de Relaciones con esta nstitución el pasado día 15.

El socialista Miguel Angel Heredia insistió en que la institución es ya un referente de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y destacó que el Defensor del Pueblo nunca ha sido tan independiente como ahora.

Por su parte, el portavoz del PP, Ricardo Tarno, se quejó de que ningún miembro del Ejecutivo hubiera acudido esta mañana al Congreso a escuchar el informe de Múgica.

Montserrat Surroca, diputada de CiU, dijo que el informe presentado hoy "es más de lo mismo", en referencia a lo expuesto el pasado día 15, y lamentó que no incluyera en él la petición de que retire el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el Estatuto de Cataluña.

Esto, a su juicio, "habría supuesto un acto de respeto al pueblo catalán", ya que se trata de un estatuto autonómico que ha sido objeto de referéndum y expresa la "voluntad del pueblo de Cataluña".

La diputada de CiU abogó por un "replanteamiento de la institución para que sea más eficaz", y dentro de ella seinforme mejor a los ciudadanos sobre los asuntos que pueden recurrir ante esta institución, ya que seis de cada diez quejas no son admitidas.

En nombre del PNV, Emilio Olabarría criticó la "impronta contable" que se detecta en la presentación ante el Pleno del Congreso de la Memoria correspondiente a 2007.

En su opinión, Múgica ha leído su informe "como quien lee la memoria económica del Banco de Santander", ante lo cual pidió "una posición más proactiva en la resolución de los problemas", porque "remover" los obstáculos que generan las quejas es, según la legislación, su primera obligación.

BUZÓN DE QUEJAS

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, dijo que el informe del Defensor es un catálogo de problemas que "no aporta soluciones" y que convierte la institución en un "mero buzón de quejas o de sugerencias".

A su juicio, el Defensor del Pueblo está transformando sus funciones para actuar como un "defensor del consumidor", en vez de en el adalid de los valores y "los derechos democráticos de loc ciudadanos".

Además, Llamazares criticó que el informe de Múgica no mencione la corrupción, ni aborde en profundidad la situación en los centros de internamiento de inmigrantes, a los que, dijo, sólo ha hecho visitas "de trámite".

Rosa Díez (UPyD) elogió la capacidad de Múgica de mantener la independencia de la institución que representa, incluso en los momentos más delicados, lo que consideró un valor positivo para el sistema democrático.

MEMORIA

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ya presentó su informe anual correspondiente a 2007 en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. En total, la institución emprendió 262 expedientes (uno por cada día laborable, frente a los 142 del periodo anterior), lo que supone un incremento del 84,5% por ciento respecto a 2006.

La memoria indica que la institución registró 17.373 expedientes de queja durante 2007, frente a los 31.443 del periodo anterior, cuando el número de reclamaciones se disparó por la estafa de la filatélicas Forum y Afinsa.

Por temas, las materias que más quejas suscitaron en 2007 fueron la administración económica (3.002 reclamaciones), la ordenación territorial (2.932), función y empleo públicos (2.572), sanidad y política social (2.278), justicia y violencia doméstica (1.815), defensa e interior (1.746), educación y cultura (1.728) e inmigración y asuntos exteriores (1.300 quejas).

Entre otros temas recogidos en la memoria, el Defensor del Pueblo considera que el tratamiento que realiza el Código Penal del abuso sexual contra menores de 13 años o incapaces, en los casos que se produce sin intimidación o violencia, "resulta insatisfactorio".

DELINCUENTES SEXUALES

En el ámbito de la justicia, el Defensor se hace eco del debate abierto en la sociedad acerca de la conveniencia o no de que los delincuentes sexuales obtengan ciertos beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la condena.

Sobre este asunto, a raíz de la liberación del "segundo violador del Eixample" pese a que el mismo reconoció no estar rehabilitado, el Defensor valora la conveniencia de dar traslado al Gobierno la creación de un grupo de trabajo para abordar una posible reforma legislativa que aún "no ha recibido respuesta".

El informe también refleja el denominado "caso Nanysex", abierto contra un hombre acusado de atentar contra la indemnidad de varios niños de entre 1 y 5 años de edad, con quienes mantuvo relaciones sexuales con penetración. La actual regulación impidió considerar estos actos como agresiones sexuales al no constar que fueran cometidos "con violencia o intimidación".

Por ello, inició una actuación de oficio que finalmente fue archivada tras conocer el informe del Ministerio de Justicia, donde se concluía que si bien existía controversia sobre el asunto, "no había previsión legislativa para reconducir determinados abusos sexuales a menores de trece años al capítulo de agresiones sexuales".

Además, el Defensor del Pueblo ha recomendado la elaboración de una norma específica sobre la publicidad de contenido sexual en medios de comunicación, así como su inclusión en las normas de autorregulación.

En materia de justicia se tramitaron un total de 185 quejas, la mayoría de ellas por la dilación en el tiempo de los procedimientos en curso, en algunos casos por la complejidad de los mismos, pero en otros por la falta de personal suficiente, "lo que supone una acumulación de procedimientos".

PUBLACIÓN RECLUSA

El informe repasa también la situación de la población reclusa, que ha continuado su incremento, hasta los 67.357 internos. En este punto, destaca el aumento del 27 por ciento en las mujeres, por lo que urge "llevar a término los proyectos de habilitación o construcción de unidades de madres".

En materia de educación, se mantiene la tendencia de años anteriores en relación a las "disfunciones" en el nivel de Educación Infantil y la "insuficiente oferta educativa" en el primer ciclo de esta enseñanza, para niños de 0 a 3 años.

Buena parte de las quejas recibidas en materia de medio ambiente ha versado sobre las deficiencias en la oferta de información ambiental y en la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a los proyectos de infraestructura.

En cuanto a la hacienda pública y la actividad económica en general, el grueso de las reclamaciones recogidas por el Defensor tenían relación con determinadas actuaciones de las entidades de crédito, motivo por el cual la institución incide en "la conveniencia de mejorar los trámites de control administrativo" que puede ejercer en este sentido el Banco de España.

En materia de emigración e inmigración, la institución propuso la creación de una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración que coordine la labor de las distintas administraciones que intervienen en la gestión de este fenómeno, fruto de las investigaciones de oficio y las quejas recibidas relativas a cuestiones como el trato que se da a las personas que llegan a España en situación irregular, la reagrupación familiar o los menores no acompañados.

Sobre sanidad y asuntos sociales, que provocaron 2.278 quejas, destaca la investigación que puso de manifiesto deficiencias en la calidad de las instalaciones y el funcionamiento de algunos centros de adaptación psico-social para niños, así como la recomendación formal lanzada por la institución al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso de las mujeres en los centros públicos a la interrupción voluntaria del embarazo.