Ambos grupos municipales informaron hoy en rueda de prensa que han solicitado la celebración de un pleno extraordinario para aclarar todas las irregularidades, tras haber constatado "falsiicaciones en documentos" y otras anomalías contables en los pagos de estos servicios a empresas privadas.

Los dos partidos solicitaron la suspensión cautelar del pago de los servicios hace varios meses, "pero todavía estamos esperando que se nos remite el informe del interventor municipal", indicó uno de los portavoces.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del Partido Popular, tendrá que convocar el pleno extraordinario en un plazo de 30 días. En él, el PSOE e Izquierda Unida pedirán la constiución de una comisión de investigación "para saber dónde han ido a parar los millones que no cuadran en las cuentas", dijo el portavoz socialista, Aurelio Martínez, ex consejero de Economía en el anterior Gobierno socialista de la Generalitat Valenciana.

"Si nuestra petición de crear la comisión de investigación no se tiene en cuenta, entonces será el fiscal quien decidirá sobre si hay o no hay indicios de delitos", declaró Miquel Albuixech, concejal de IU.