La nueva Ley General de las Telecomunicaciones, que entró en vigor en noviembre pasado, amplía el uso que las compañías pueden hacer de los datos obtenidos sobre sus clientes y ahora pueden utilizarlos también para "servicios comerciales de terceros o de valor añadido", previa petición de consentimiento.

La forma de solicitar el consentimiento es envíar con un mes e antelación a los abonados una comunicación dándoles la oportunidad de rechazar esta nueva utilización de sus datos y si en el plazo de un mes no hay respuesta, la operadora puede dar por concedido el consentimiento. De todos modos, los clientes pueden ejercer el derecho de cancelación en todo momento.

"El operador tiene que pedir el consentimiento de nuevo porque el que tenía era sólo para la promoción de sus servicios, y si ahora se quiere para algo distinto, pues hay que pedir otra vez el consentiiento", indicó Rubí.

Protección de Datos se ha visto en el centro de una polémica por una campaña de publicidad postal de Telefónica sobre productos de terceras empresas asociadas relacionados con las telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información, así como de ocio, cultura, financieros y de asistencia en el hogar, según denunció en un comunicado la Comisión de Libertades e Informática (CLI).

Para la CLI, Telefónica debe requerir el consentimiento "expreso e inequívoco" del afectado, yno tácito, "al haber un cambio sustancial en la finalidad de los ficheros de datos personales".

Por su parte, fuentes de Telefónica declararon a Servimedia que todos los nuevos productos y servicios a los que se refiere la publicidad enviada "tienen que ver con las telecomunicaciones; todos ellos, aunque sea asistencia en el hogar. Me refiero, por ejemplo, a una alarma de Securitas Direct que va sobre línea ADSL y que me avisa a mi teléfono de la oficina si en mi casa se registra algún movimiento".

Asimismo, Telefónica se puso en contacto con Protección de Datos antes de lanzar la mencionada publicidad y el organismo supervisor dio su consentimiento porque el objeto de los productos ofrecidos no se salía de la actividad propia de Telefónica. En caso contrario, la operadora necesitaría recabar de nuevo el consentimiento tácito de los clientes, según la normativa vigente.