La primera sesión del juicio estuvo dedicada a la lectura de las conclusiones provisionales del fiscal antidroga, Javier Zaragoa, que pide un total de 700 años de prisión y 9.000 millones de pesetas de indemnización por distintos delitos de narcotráfico, receptación y delito contra la Hacienda Pública, con penas que oscilan ente los 26 años y los 2 años y 7 meses de cárcel.

La mayoría de los procesados se encuentra sin embargo en situación de libertad condicional, como es el caso del empresario Celso Barreiros, que se enfrenta a una pena de 16 años de prisión, y el miembro de la "jet set" Carlos Goyanes, para quien el ministeio público exige 8 años de reclusión.

Barreiros, acusado de prestar sus embarcaciones a la red dirigida por Laureano Oubiña para el tráfico de hachís procedente de Marruecos, defendió a su llegada al recinto especialmente habilitado para el juicio su inocencia y declaró que "todo lo que ha dicho ese señor (en referencia al 'arrepentido' Ricardo Portabales, cuya confesión dio origen a la investigación judicial) es mentira".

Goyanes, implicado por Portabales en la compra de 10 kilos de cocaína, se imitó a abrirse paso entre el público musitando "pido justicia".

Ambos procesados, al igual que el resto de los encausados que fueron accediendo al pabellón acompañados de sus abogados, fueron recibidos entre gritos por los miembros de las asociaciones contra la droga, que repetían una única palabra: "asesinos".

"Vengo a luchar por mi hijo", manifestó Adela Vide, una de las personas allí congregadas, que relató a los medios de comunicación la historia de su vástago, de 26 años y "enganchado" desd los 18.

"Oubiña, cabrón, trabaja de peón" rezaba una de las pancartas de los asociados dirigida contra el supuesto cerebro de esta red, acusado junto con su esposa, Ester Lago, de dirigir las operaciones que permitieron introducir en España decenas de miles de kilos de estupefacientes desde principios de la década de los años 80.

El matrimonio blanqueaba además el dinero obtenido de la venta de la droga mediante la compra de divisas o a través de varias empresas que fundaron para tal fin, acusacones por las que el fiscal pide 22 años y una indemnización de 1.140 millones para el traficante, y 14 años y 1.280 millones para su esposa.

EL TESTIMONIO DE UN "DELATOR"

Los encausados que permanecen encarcelados llegaron al pabellón, en cuyos alrededores se desplegaron fuertes medidas de seguridad a cargo del Cuerpo Nacional de Policía, en furgones blindados y accedieron esposados de dos en dos a la sala, abarrotada de procesados, abogados y agentes. A su lado, la presencia del público y los inforadores era meramente anecdótica.

Allí dentro se encontraba ya sentado Ricardo Portabales, el narcotraficante arrepentido que les denunció, que ya ha intentado huir en dos ocasiones de España. Portabales se enfrenta a una condena de casi tres años de prisión, pese a que el fiscal ha pedido para él la eximente de arrepentimiento espontáneo.

El fiscal pidió en sus conclusiones provisionales que se regule la figura del "colaborador con exención o reducción de la pena, según el grado de colaboración yotras circunstancias".

Los abogados defensores insisten en que su testimonio no tiene valor. "En un Estado de derecho no se puede condenar a nadie por las declaraciones de un arrepentido", sentenció Manuel Tuero, abogado de Ouibiña, antes de inciarse el juicio.

Las primeras previsiones apuntaban a que el "arrepentido" sería el primero de los encausados en declarar, por lo que el tribunal suponía que su interrogatorio llevaría más de tres o cuatro días, en sesiones de mañana y tarde.

La práctca es mucho más compleja: el gran número de procesados, abogados y testigos existentes en la causa alargará el juicio durante meses. Sólo la sesión matinal de hoy se consumió en debatir si todos los acusados debían permanecer presentes en la sala durante los interrogatorios o podrían ausentarse cuando los hechos enjuiciados no les afecten.

El fiscal ha propuesto que las declaraciones se produzcan de forma fraccionada, ya sea por clanes o bien por operaciones de narcotráfico. Portabales sería el denomiador común, efectuando a su vez su declaración por partes, según los hechos sobre los que vaya a ser interrogado.

Tras escuchar a todas las partes, el tribunal tomará una decisión a lo largo de la sesión de esta tarde, que estará asimismo reservada a las diferentes cuestiones previas que las partes deseen exponer antes de iniciar el turno de las declaraciones.