Los directores generales de consumo de todas las comunidades, excepto los de Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla, también han pedido a Consumo que solicite al Banco de España que estudie los contratos de crédito suscritos por los alumnos afectados.

Asimismo, la Comisón de Cooperación de Consumo, reunida en el Instituto Nacional de Consumo (INC), ha pedido a la ministra Ana Pastor que inste a las entidades financieras a suspender la ejecución de los créditos pendientes y no incluyan a los usuarios en los registros de impagados hasta que se alcance una solución global satisfactoria.

Por su parte, el INC examinará la posibilidad de solucionar el problema planteado a través del Sistema Arbitral de Consumo.

Las comunidades, a través de la Comisión de Cooperación e Consumo, propondrán los cambios legislativos necesarios para reforzar la defensa de los usuarios en estas situaciones, coordinarán una campaña estatal de inspección sobre el sector de academias y facilitarán información para el conocimiento de los derechos de los usuarios en este sector.