Pillay afirmó que "la base jurídica de las detenciones que han tenido lugar, especialmente las de los defensores de derechos humanos y activistas políticos, no está clara".

"¿Cuáles son los motivos de las detenciones? ¿Han sido adecuadas las órdenes emitidas de conformidad con la ley iraní? ¿Por qué a algunos de los que han sido detenidos se les niega el acceso a abogados y miembros de sus familias? ¿Y por qué otros están en paradero desconocido? Éstas son preguntas inquietantes", indicó en un comunicado.

Por ello, instó a las autoridades iraníes a actuar con apego a la ley y a "garantizar que se siga el proceso adecuado porque, de lo contrario, suscitará sentimientos de injusticia".

La Alta Comisionada resaltó que la libertad de expresión y la de reunión son derechos humanos fundamentales y elogió "la conducta pacífica y digna" de las grandes manifestaciones que han tenido lugar en Teherán, pero instó "firmemente a las autoridades a asegurar que las fuerzas oficiales y semioficiales actúan estrictamente de conformidad con la ley".

A este respeto, añadió que "es responsabilidad del Gobierno asegurar que los miembros de las milicias no recurran a actos ilícitos de violencia. Si se consideran al margen de la ley, podrían provocar un grave deterioro de la situación de seguridad, que sería una gran tragedia y no beneficiaría a nadie".

Por último, Pillay recordó a las autoridades iraníes sus obligaciones internacionales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que "nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias", "toda persona tiene derecho a la libertad de expresión" y reconoce "el derecho de reunión pacífica".