Ante las denuncias de las ONG catalanas y algunos grupos políticos que califican esta medida como "excluyente y centralista", Valcarce apuntó que se lleva a cabo en cumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a conceder fondos, a través del 0,52% del IRPF, sólo a aquellas de carácter estatal.

En este sentido, se comprometió a buscar una fórmula para que ninguna ONG se quede fuera de las ayudas que reparte el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

"Además, también hemos acordado que a esta próxima convocatoria (la de 2005) puedan acceder aquellas ONG que estén en trámite de cambiar sus estatutos para convertirse en organizaciones de carácter estatal", puntualizó Valcarce.

Junto a este nuevo criterio de financiación el Consejo Estatal de Cooperación aprobó otras formas de financión. La más novedosa, a juicio de las ONG, es la que permite que las organizaciones puedan asegurar su financiación durante tres años.

Así, las ONG han valorado la inclusión de los denominados programas plurianuales que, con una duración de tres años, pretenden "la sostenibilidad del sector y la creación de empleo estable, al establecer que el 75% de los contratos que se efectúen para llevar a cabo estos proyectos tengan carácter indefinido".

Para poder acceder a las ayudas trienales, las ONG deberán acreditar una antigüedad de 15 años, la implantación territorial en más de 10 comunidades autónomas o haber sido subvencionadas en la anterior convocatoria en, al menos, 10 de los colectivos a los que van destinados los proyectos.

DISCAPACIDAD

También podrán subvencionarse con carácter plurianual aquellos programas del colectivo de personas mayores o de personas con discapacidad que estén dirigidos a las personas dependientes y a sus familias.

En este caso, los requisitos que deben acreditarse son una antigüedad de 10 años, tener como fines primordiales la atención a personas mayores y/o personas con discapacidad y haber sido subvencionadas en la anterior convocatoria con más de 850.000 euros.

Otro de los nuevos criterios es la consideración de "programas prioritarios", que corresponderán a los programas cuyos beneficiarios sean las personas en situación de dependencia y sus familias; los que luchen contra la pobreza; los que tiendan a complementar las políticas públicas y, por último, los programas que contengan elementos de autoevaluación o incorporen sistemas de calidad.

Por último, el Consejo Estatal aprobó la incorporación a este órgano de representantes de varios colectivos: pobreza y exclusión social, desarrollo social en el medio rural, fortalecimiento del Tercer Sector de Acción Social, provisión de servicios técnicos a las entidades y derecho a la libre orientación sexual.