Según indicó el presidente de la Coordinadora, David Álvarez, el total de fondos recaudados para estas labores de emergencia, rehabilitación y reconstrucción es de 79 millones de euros, de los que 69 millones provienen de fondos privados y los 10 millones restantes de financiación pública, en su mayoría comunidades autónomas y ayuntamientos.

A este respecto, Álvarez criticó la falta de colaboración económica del Gobierno español, que, aunque "prometió una ayuda de 50 millones de euros para la crisis del 'tsunami' a través del Fondo de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Comercio, aún no ha desembolsado nada".

Durante la conferencia de prensa, el secretario general de la Coordinadora, Félix Fuentenebro, recordó que las 23 ONG integradas en esta asociación que intervinieron en la emergencia continúan trabajando en la zona y que, además, emplearán los fondos aún no utilizados en la reconstrucción de estos países. De ellas, trece ONG aseguran que permanecerán en la zona más de dos años; cinco, entre uno y dos años, y tres, menos de un año.

El país donde más organizaciones han trabajado en estas dos primeras fases es Sri Lanka, donde están presentes 17 ONG, al que sigue India, con 14 asociaciones; Indonesia, con 12 y, en último lugar, Tailandia, donde desarrollan su actividad siete entidades.

Fuentenebro informó de que las ONG españolas desplazaron este año un total de 180 cooperantes, que desarrollaron su actividad junto con 2.738 profesionales locales contratados por estas asociaciones y sus redes internacionales.

La vocal de Comunicación de la Coordinadora, Marta Arias, también presente en el acto, señaló que las prioridades de actuación de asistencia humanitaria se han centrado en "los sectores de población más vulnerables", como son la infancia, mujeres, sectores de pescadores y agricultores, castas inferiores o personas mayores.

Por otro lado, aseguró que, aunque las actuaciones se centraron principalmente en los ámbitos sanitario, educativo, en labores de alimentación y nutrición, agua y saneamiento, y en dar refugio a la población damnificada, "se pretende, además, recuperar los modos de vida tradicionales y preparar a la población ante posibles futuros desastres".

No obstante, esta entidad reconoció algunas de las dificultades encontradas en el desarrollo de estas actuaciones, entre las que destacan la falta de coordinación por parte de las autoridades locales, como son retrasos en la adjudicación de tierras para nuevos asentamientos, el difícil acceso a determinadas poblaciones, la existencia de conflictos armados y el elevado número de actores en la zona, "muchos de ellos sin cualificación", concluyeron.